El gobierno de India presentó ante la Lok Sabha, la Cámara Baja del Parlamento, un proyecto de ley que contempla penas de hasta 10 años de prisión y multas de aproximadamente 60 mil dólar es para quienes participen en la filtración o manipulación de exámenes oficiales.

La iniciativa surge tras las movilizaciones encabezadas por el movimiento estudiantil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como «Cucarachas», que denunció irregularidades en pruebas de acceso a instituciones educativas, entre ellas el NEET-UG, el examen nacional para ingresar a la carrera de Medicina.

El proyecto también establece que las investigaciones deberán concluir en un plazo de dos meses y que tribunales de vía rápida resuelvan los casos en un máximo de tres meses, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales.

El primer ministro Narendra Modi defendió la propuesta al señalar que busca proteger el futuro de millones de estudiantes. Además, anunció la creación de un grupo de trabajo encabezado por el empresario tecnológico Nandan Nilekani para fortalecer la transparencia del sistema de evaluaciones e incorporar más herramientas tecnológicas.

Las protestas derivaron recientemente en la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, aunque los organizadores mantienen sus demandas de una reforma integral del sistema, apoyo a las familias de aspirantes afectados y mayores garantías para los manifestantes. En India, estos exámenes son determinantes para el acceso a universidades y empleos públicos, por lo que cualquier irregularidad genera un fuerte impacto social.

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