Una comisión anticorrupción del gobierno de Guatemala está llevando a cabo una exhaustiva investigación sobre una presunta red de trata de personas que operó en los últimos años en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), informó este miércoles una fuente oficial.

El titular de la comisión anticorrupción, Santiago Palomo, calificó este tema como sumamente delicado y destacó la importancia de tratarlo con la debida diligencia. Según Palomo, el Ministerio de Comunicaciones es un ambiente sumamente crítico, donde impera la impunidad, por lo que es crucial trabajar en dignificar al personal de esa institución.

Si bien la existencia de esta red ilegal se hizo pública en medios locales en 2018 durante la gestión del expresidente Jimmy Morales, no se presentaron denuncias formales ante la Fiscalía en ese momento. Sin embargo, el caso volvió a cobrar relevancia recientemente luego de que la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, fuera destituida por el presidente Bernardo Arévalo debido al incumplimiento en los pagos a varias constructoras.

En una conferencia de prensa, De la Vega lamentó que su denuncia ante el presidente en enero, al asumir el cargo, fuera ignorada. El mandatario aseguró que la denuncia está siendo investigada por la Comisión Nacional Contra la Corrupción, creada para cumplir con su principal promesa de campaña.

Según la exfuncionaria, las personas implicadas en la denuncia estaban adscritas a una dependencia del Micivi y realizaban labores sin claridad. Palomo añadió que al parecer existía un catálogo distribuido entre los involucrados, lo cual resulta lamentable y triste.

La comisión anticorrupción ha solicitado al Ministerio de Comunicaciones un informe detallado sobre las acciones tomadas para combatir esta supuesta mafia que se habría establecido en la institución durante administraciones anteriores.

Las acusaciones son consideradas graves y de comprobarse los hechos, representarían una violación a los derechos humanos de las personas afectadas, así como un ejemplo más de los niveles de corrupción en el Estado guatemalteco, según un comunicado emitido por la entidad.

Se espera que el ministerio explique cómo tuvo conocimiento de los hechos, las particularidades del caso, las personas afectadas y los posibles responsables de beneficiarse de esta red ilegal.

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