El Gobierno italiano debate este lunes el decreto ley que, según las intenciones de la primera ministra Giorgia Meloni, debería sortear la prohibición judicial de detener a migrantes en el Centro de Repatriación (CPR) creado en Albania.

El Tribunal de Roma, de hecho, no validó el pasado viernes la presencia en la ciudad albanesa de Gjader de los 12 primeros migrantes enviados por Italia (además de los 4 ya devueltos por ser ‘vulnerables’, al ser menores o tener problemas de salud) y ordenó su devolución a Italia, que tuvo lugar el sábado en Bari.

Italia intenta redefinir qué ‘países son seguros’ para la repatriación

Un juez de la sección de inmigración del Tribunal de Roma ordenó devolver a los inmigrantes a Italia ante la imposibilidad de reconocer como «seguros» los países de origen de los detenidos, en este caso Bangladés y Egipto.

Según el juez, la decisión se tomó «en aplicación de los principios vinculantes» contenidos en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 4 de octubre de 2024. El Tribunal dictaminó que un país, para ser considerado seguro, debe serlo en su totalidad, dejando a la judicatura la evaluación del caso concreto.

Las autoridades italianas, con el fin de garantizar un buen comienzo para el acuerdo con Albania debían respetar una lista de 22 países considerados seguros que contempla el decreto interministerial del 7 de mayo de 2024. Sin embargo, la selección de migrantes de Bangladés y Egipto, no respetaba la indicación de los jueces europeos.

De hecho, el decreto define países seguros para los que reconoce excepciones, como para determinadas categorías de personas, como disidentes políticos, o partes del territorio.

Un decreto ley que resista mejor a la posible confrontación con la jurisprudencia

Un decreto gubernamental debe indicar los países seguros y actualizar esta lista cada seis meses. Un decreto ley resiste mejor a la posible confrontación con la jurisprudencia italiana o europea, en la vieja cuestión de los límites de la soberanía entre la UE y los Estados miembros.

Otra medida que podría adoptar el Ejecutivo es la posibilidad de recurrir ante los tribunales de apelación la no validación de la detención de un migrante. También existe la hipótesis de dar más peso a las decisiones de las comisiones territoriales que evalúan las solicitudes de asilo.

El Gobierno y el poder judicial en Italia divididos sobre los derechos de los migrantes

La mayoría gubernamental se ha movido unida en los últimos días, criticando la intervención del poder judicial como una usurpación indebida del poder político, como en los tiempos de Silvio Berlusconi y sus críticas a los ‘togas rojas’ (jueces de izquierdas).

El ministro de Justicia y exmagistrado, Carlo Nordio, juzgó «anormal» la sentencia de Roma, mientras que la jefa del Gobierno publicó un correo electrónico del fiscal adjunto del Tribunal Supremo, Marco Patarnello, quien escribió a sus colegas: «Meloni no tiene investigaciones judiciales en su contra y por lo tanto no se mueve por intereses personales sino por visiones políticas y esto la hace mucho más fuerte y también mucho más peligrosa».

La Unión de Cámaras Penales y la Asociación Nacional de Magistrados, las dos organizaciones que representan respectivamente a los abogados penalistas y a los jueces en Italia, replicaron que la decisión «se limita a aplicar la legislación europea pertinente» y que lo hace «respetando los derechos y garantías de las personas».