Un juez federal ha ordenado al gobierno de Donald Trump que facilite el regreso de un migrante guatemalteco que fue recientemente expulsado a México, a pesar de que una corte ya le había concedido protección humanitaria en febrero al considerar que su vida corría peligro fuera de Estados Unidos.

El migrante, identificado solo por sus iniciales O.C.G., es uno de los cuatro demandantes en una demanda colectiva que impugna la expulsión de varios migrantes bajo el argumento de que, al ser deportados a sus países de origen o a terceros países, enfrentan el riesgo de sufrir persecución, tortura o incluso la muerte.

El magistrado Brian Murphy, del Distrito Judicial de Massachusetts, dictó la orden a última hora del viernes pasado, señalando que el gobierno de Trump había cometido un error al expulsar a O.C.G., quien había advertido que su orientación sexual lo ponía en grave peligro tanto en Guatemala como en México, país donde afirma haber sido violado. En su fallo, el juez instó al gobierno a “tomar todas las medidas de manera inmediata” para permitir el regreso del migrante a Estados Unidos, incluyendo la coordinación con los abogados de los demandantes para asegurar su retorno.

Este caso no es aislado, pues en febrero pasado, una corte de inmigración había otorgado a O.C.G. un bloqueo de expulsión, al reconocer que su deportación a Guatemala representaría una amenaza para su seguridad. Sin embargo, a pesar de esta resolución, el gobierno de Trump procedió con su expulsión a México, lo que generó la intervención judicial.

El juez Murphy, quien también fue responsable de la orden para bloquear la expulsión de ocho migrantes a Sudán del Sur el mes pasado, subrayó en su fallo que la decisión del gobierno violaba derechos previamente establecidos por el sistema judicial. En ese caso, se alegó que la expulsión de los migrantes podría exponerlos a situaciones de violencia y persecución. A pesar de la orden judicial, el gobierno permitió que un avión con los migrantes despegara hacia Yibuti, donde aún permanecen bajo custodia federal.

Este incidente se suma a varios otros fallos judiciales recientes que han obligado a la Administración Trump a revertir decisiones de deportación.

Entre estos se encuentran el caso de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño deportado en marzo, a pesar de contar con una orden que bloqueaba su expulsión debido a los riesgos para su vida en El Salvador. El gobierno admitió que la expulsión de Ábrego García fue un “error administrativo”, pero argumentó que no podía facilitar su retorno debido a su custodia en otro país.

Asimismo, un tribunal también determinó que la expulsión de Daniel Lozano Camargo, un venezolano deportado a El Salvador, violaba una orden judicial previa que protegía a los migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad. En este caso, el gobierno de Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma no empleada desde la Segunda Guerra Mundial, para justificar las expulsiones. La administración alegó que Lozano Camargo formaba parte de bandas de crimen organizado, como el Tren de Aragua, que según el gobierno, estarían infiltrando Estados Unidos.

Estos casos reflejan la creciente tensión entre las políticas migratorias de la administración Trump y las decisiones judiciales que intentan garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes, especialmente aquellos que enfrentan situaciones de riesgo o violencia en sus países de origen. Las autoridades legales han reiterado que las expulsiones deben alinearse con los principios de justicia y protección internacional, un punto que sigue siendo objeto de controversia en los tribunales.

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