El juez supremo Juan Carlos Checkley  dictó prisión preventiva de 18 meses para el expresidente Pedro Castillo, quien está siendo investigado por cargos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

De esta manera, aceptó las exigencias de la Fiscalía, alegando que “existe periodo procesal de fuga”; indicando que minutos antes de ser destituido; intentó acudir a la Embajada de México en Lima.

El exprimer ministro y asesor legal de Castillo, Aníbal Torres, también fue incluido en la solicitud de la Fiscalía, que se presentó después de que el Poder Judicial aprobara la solicitud del Ministerio Público e iniciara una investigación preliminar contra Castillo.

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Sin embargo, el juez no accedió a esta solicitud y en su lugar impuso una “medida de comparecencia con restricciones”. Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración; así como de presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. El Ministerio Público ha calificado la investigación como «compleja», misma que tomará ocho meses.

Pedro Castillo ordenó el cierre del Congreso y la conformación de un ejecutivo de emergencia; lo cual fue considerado un intento de golpe de Estados; tras ello su detención se llevó a cabo el 7 de diciembre.

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