La discriminación y el estigma social a las personas de la comunidad LGTBI persisten en Honduras, donde también son víctimas de la violencia, ya que causó 52 asesinatos en 2023, según indica un informe divulgado este jueves en Tegucigalpa.

La población LGTBI en Honduras “es víctima de discriminación generalizada en los centros de atención medica del sistema de Salud público”, por lo que estas personas enfrentan “desafíos relacionados a su salud mental, sobre todo las más jóvenes”, subraya el informe, presentado por la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa), con apoyo de Alemania.

El documento “La comunidad LGBTIQ+ en Honduras: Una historia de estigma y discriminación” señala la falta de una normativa o políticas públicas para proteger a esa comunidad y reconocer sus derechos, a pesar de su “evidente y grave vulnerabilidad”.

En el país centroamericano “no existe ninguna normativa especial que garantice (al colectivo LGTBI) los derechos particulares que reclaman», lo que evidencia «el nulo interés y hasta desprecio» de la sociedad, políticos y gobernantes hacia esta comunidad, añade el estudio.

Más del 96 % de los crímenes continúan impunes

Los colectivos LGTBI continúan siendo «víctimas de grave violación de sus derechos humanos» en Honduras, donde los crímenes de odio, que en 2023 sumaron 52, ocurren «con mucha frecuencia», destaca la Asociación ACI Participa en su investigación.

La directora de ACI Participa, Hedme Castro, dijo a EFE que las personas LGTBI sufren «altos niveles de discriminación» en Honduras, donde además son «obligados» a vivir en pobreza y sin empleo.

Destacó la necesidad de mejorar la inclusión en el mercado laboral de esta comunidad «sin discriminación» en el país, donde la violencia ha dejado 17 personas asesinadas en lo que va de 2024 por su orientación sexual o identidad de género.

Castro indicó que más del 96 % de los asesinatos de personas LGTBI en Honduras continúan impunes y lamentó la falta de respuesta de las autoridades para proteger a esta población.

La activista pidió al Gobierno «menos palabras y más acción» para garantizar a la población LGTBI el cumplimiento de sus derechos como ciudadanos hondureños y un alto a la discriminación.