La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó una moción para declarar estado de emergencia en respuesta a las redadas federales de inmigración que han provocado preocupación generalizada.

La medida busca proteger a las comunidades inmigrantes ante los recientes operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que han dejado miles de detenidos desde el pasado mes de junio.

“Estas redadas no se tratan de seguridad, sino de miedo”, afirmó Lindsey P. Horvath, supervisora e impulsora de la moción, durante un comunicado difundido tras la sesión pública del organismo.

“Declarar una Emergencia Local es nuestra forma de contraatacar: con cuidado, coordinación y todas las herramientas legales disponibles para proteger a nuestras comunidades inmigrantes”, añadió Horvath.

La moción fue aprobada por mayoría y será sometida a votación final el próximo 14 de octubre. De aprobarse, permitirá agilizar recursos y apoyo legal inmediato.

Medidas urgentes para proteger a familias afectadas

La declaratoria de emergencia facultaría al condado a acelerar la contratación de personal, adquisición de insumos, firma de contratos y coordinación interinstitucional para asistir a personas impactadas por los operativos.

También abriría la puerta a protecciones adicionales para inquilinos, incluyendo una moratoria de desalojos dirigida a quienes hayan perdido ingresos o empleo debido a las redadas migratorias en sus comunidades.

Desde finales de septiembre, la Junta de Supervisores solicitó un informe legal para determinar qué mecanismos podrían aplicarse para garantizar la seguridad jurídica y social de los inmigrantes.

El documento plantea estrategias para solicitar asistencia financiera federal y estatal, reforzar la representación legal gratuita y prevenir abusos de autoridad durante las detenciones o deportaciones en zonas residenciales y comerciales.

Redadas que sembraron miedo en comunidades inmigrantes

Los operativos migratorios del ICE en Los Ángeles se intensificaron desde junio, afectando principalmente a jornaleros y trabajadores sin documentos en distintas zonas del condado, según reportes oficiales y testimonios.

En agosto, la llamada “Operación Caballo de Troya” generó indignación tras revelarse que agentes federales se infiltraron en un camión de reparto para detener a varios jornaleros frente a un Home Depot.

La declaratoria de emergencia representa, según los defensores de migrantes, una señal de respaldo político y humanitario ante una situación que califican como “una crisis de derechos civiles en desarrollo”.

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