Los padres de Josué e Ismael Arroyo, de Saúl Arboleda y Steven Medina, los cuatro menores desaparecidos en Ecuador desde el 8 de diciembre, se encuentran en vilo ante la espera de los resultados que podrían confirmar la identidad de los cuerpos hallados en avanzado estado de degradación y con signos de violencia en el río Taura, en la parroquia rural del cantón Naranjal. El hallazgo de los cadáveres, que se encontraban maniatados y quemados, tuvo lugar en un recinto conocido como Casa de Zinc, a 16 kilómetros de la Base Aérea de Taura, donde los 16 militares que están bajo investigación por desaparición forzada indicaron haber dejado abandonados a los menores de entre 11 y 15 años en medio de la vía.

Los padres se dirigieron al centro forense de Guayaquil para recibir información sobre los procedimientos y tiempos que conllevan las pruebas de identificación, que incluyen análisis antropológicos y de ADN. Según la periodista Karol Noroña, los análisis de ADN podrían tardar entre 30 y 40 días en arrojar resultados concluyentes. Mientras tanto, los equipos investigativos también están realizando análisis antropológicos para intentar identificar a las víctimas, un proceso que podría brindar resultados preliminares entre el viernes 27 y el lunes 30 de diciembre. La incineración de los cuerpos ha dificultado la realización de pruebas necrodactilares, por lo que se están realizando otros métodos de identificación en un intento por confirmar si los restos corresponden a los menores desaparecidos.

Solicitudes de los padres y medidas judiciales

Los padres, acompañados por representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Guayaquil, han pedido que no se avancen criterios sobre la identidad de los cuerpos hasta que los resultados sean definitivos. La jueza constitucional Tanya Loor Zambrano declaró la desaparición forzada de los cuatro menores y responsabilizó al Estado ecuatoriano por la vulneración de sus derechos. Además, ha ordenado una serie de medidas de reparación integral, incluyendo la activación de protocolos de búsqueda y la creación de una comisión independiente para investigar el caso, en un contexto de creciente presión social y judicial.

Las investigaciones contra los 16 militares continúan, con la Fiscalía señalando irregularidades y violaciones a los protocolos establecidos para el manejo de menores en conflicto con la ley. Durante una audiencia para resolver un hábeas corpus, el fiscal Christian Fárez declaró que no existen evidencias de que los menores hayan participado en algún hecho ilícito, desmintiendo la versión inicial del ministro de Defensa. Los padres de los menores desaparecidos mantienen la esperanza de encontrar a sus hijos con vida, pero la posibilidad de que los cuerpos encontrados correspondan a los adolescentes ha aumentado la angustia en medio de esta trágica situación. Mientras tanto, la espera por los resultados de los análisis de identificación es una tortuosa prueba de paciencia y angustia para las familias afectadas.

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