El reciente caso de Noelia ha reavivado una conversación global sobre la eutanasia, un procedimiento que, lejos de ser un derecho universal, permanece restringido a un grupo selecto de naciones. Sin embargo, en los países donde es legal, las estadísticas de este 2026 muestran un incremento sostenido, reflejando una mayor aceptación social y una aplicación más frecuente de los marcos normativos de muerte asistida.

Europa: El Epicentro de la Regulación

Las naciones europeas continúan a la vanguardia tanto en legislación como en número de procedimientos realizados, con cifras que ya representan un porcentaje significativo de su mortalidad anual:

Países Bajos: Se consolida como el referente con 9,958 notificaciones en 2024, lo que equivale al 5.8% de todas las muertes en el país.

Bélgica: Registró un aumento del 12.4% en 2025 respecto al año anterior. Un dato revelador es que el 73.7% de los solicitantes superaban los 70 años, evidenciando que el procedimiento se vincula estrechamente con el desgaste de la vejez y enfermedades crónicas.

España: Desde su legalización en 2021, el país ha mostrado un avance progresivo, superando los 700 casos anuales según los reportes más recientes.

El Escenario en América

En el continente americano, la situación varía drásticamente entre el norte y el sur:

Canadá: Presenta una de las tasas más altas de asistencia médica para morir, con más de 13,000 casos reportados (aprox. 4.1% de sus decesos totales).

Colombia: Se mantiene como el pionero y único país en Latinoamérica con práctica activa. Aunque en 2024 alcanzó su cifra récord de 352 eutanasias (un aumento del 29.9%), el impacto estadístico sigue siendo marginal, representando apenas el 0.13% de las muertes en la región.

Contexto y Salud Mental

El debate actual no solo se centra en enfermedades terminales físicas. Precedentes como el de Milou Verhoof y el reciente caso de Noelia han puesto sobre la mesa la eutanasia por salud mental, un terreno ético y legal mucho más complejo que está obligando a las autoridades de salud a revisar los protocolos de «sufrimiento insoportable» en este 2026.

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