Este jueves, Lima se despertó con un fuerte despliegue de seguridad, donde 14,000 policías y militares fueron desplegados en las principales arterias de la ciudad. Esta medida se tomó en el marco del primero de tres días de huelga convocados por el gremio de transportistas, que busca visibilizar la crisis que atraviesa el sector debido a una ola de atentados y extorsiones que han afectado a los trabajadores en los últimos meses. Esta huelga representa la segunda gran movilización del sector, luego de un paro significativo a fines de septiembre.

 Impacto en el Transporte y la Vida Cotidiana

A pesar de que las empresas formales de transporte anunciaron que continuarían operando, la realidad en las calles de Lima y Callao fue diferente. La presencia notablemente reducida de buses generó serias dificultades para miles de ciudadanos que intentaban llegar a sus lugares de trabajo. Según datos del diario *El Comercio*, un alarmante 86.82% (equivalente a 19,237 vehículos) del parque automotor del sector es propiedad de terceros, lo que contribuye a la informalidad y a la inestabilidad del servicio.

La huelga también tuvo repercusiones en el ámbito educativo. Las clases en colegios públicos y privados fueron suspendidas, y muchas universidades optaron por implementar clases virtuales. Además, el Seguro Social de Salud se vio obligado a reprogramar citas médicas, evidenciando el impacto generalizado de la huelga en la vida cotidiana de los limeños.

Respuesta del Gobierno y Situación en las Calles

Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, se pronunció durante la mañana para asegurar que «toda la ciudad de Lima está en calma» y que no se habían reportado actos vandálicos significativos. Sin embargo, esta afirmación contrastó con los reportes desde varios puntos de la ciudad, donde se registraron quema de llantas y bloqueos por parte de los huelguistas. En total, 13 personas fueron detenidas hasta las primeras horas de la tarde.

A pesar del esfuerzo por parte de la Marina de Guerra, que habilitó buses para mitigar el impacto del paro, las aglomeraciones continuaron siendo un problema significativo. Uno de los terminales interprovinciales más importantes, Yerbateros, permaneció cerrado, lo que complicó aún más la situación para aquellos que dependían del transporte público.