Brasilia.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha decidido sorpresivamente vetar una ley que flexibiliza las reglas para la aprobación y comercialización de plaguicidas en Brasil. La medida, que había sido fuertemente criticada por los ambientalistas, ha generado polémica en el país. El veto del mandatario ha sido publicado este jueves en el Diario Oficial de Brasil.

La ley en cuestión, que se centra en el control, inspección y fiscalización de los agrotóxicos, fue sancionada con múltiples vetos. De acuerdo con un comunicado emitido por la Presidencia, estos vetos se realizaron con el objetivo de garantizar una adecuada protección de los derechos a la vida. Asimismo, buscan proteges y asegurar un medio ambiente ecológicamente equilibrado.

Uno de los puntos que Lula da Silva rechazó fue el artículo que permitía al Ministerio de Agricultura reevaluar los riesgos de los pesticidas. La tarea de evaluar los impactos de posibles cambios en la composición química de los plaguicidas será responsabilidad de la agencia de medio ambiente (Ibama). Esta se apoyará de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), quienes contarán con el mismo poder de decisión.

Brasil busca una mayor regulación para los pesticidas

Asimismo, el presidente también retiró un ítem que eximía a las empresas productoras de pesticidas de asumir el pago por las modificaciones de las etiquetas informativas de los productos y les permitía reutilizar los rótulos. Estas decisiones han generado incertidumbre en diversos sectores.

Cabe destacar que los vetos del presidente podrán ser analizados nuevamente por el Congreso. Estos habían aprobado el texto inicial de la ley después de una negociación con la llamada «bancada ruralista». Esta polémica ley, que tenía como objetivo reducir los tiempos para el registro de nuevos pesticidas, generó críticas por parte de más de 140 organizaciones de la sociedad civil, quienes argumentaban que representaba un alto riesgo para la salud humana y animal.

La nueva ley mantiene una pena de dos a cuatro años para aquellos que incumplan los requisitos legales al producir, importar, comercializar o eliminar residuos y envases vacíos de plaguicidas. No obstante, en el caso del transporte, aplicación o prestación de servicios relacionados con los envases, no se contempla una pena de cárcel.

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