La tensión política y social en Bolivia escaló este miércoles luego de que manifestantes y policías antimotines protagonizaran enfrentamientos en las inmediaciones de la plaza principal de La Paz. Los grupos movilizados exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras el gobierno evalúa la posibilidad de decretar un estado de excepción para contener las protestas que ya cumplen cinco semanas.

De acuerdo con reportes desde la capital boliviana, trabajadores, campesinos, mineros, transportistas y maestros instalaron barricadas utilizando contenedores de basura y montículos de desechos incendiados. En respuesta, las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos, mientras algunos participantes respondían con piedras y artefactos explosivos de bajo poder.

Crece el rechazo a las reformas y a la situación económica

Los inconformes cuestionan las propuestas impulsadas por el gobierno de Paz y consideran insuficientes las medidas adoptadas para enfrentar la que diversos sectores califican como la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas.

La movilización comenzó desde la ciudad de El Alto, desde donde miles de personas recorrieron aproximadamente 15 kilómetros hasta llegar a La Paz. Durante la marcha, los participantes exigieron la salida del mandatario y denunciaron el deterioro de las condiciones económicas en el país.

Las autoridades confirmaron la detención de al menos cinco civiles durante los disturbios registrados en el centro político del país.

Gobierno defiende medidas y advierte sobre el orden público

El presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace siete meses, sostiene que detrás de las protestas existen grupos que buscan desestabilizar al gobierno. Además, recientemente promulgó una ley que le permite declarar un estado de excepción, medida que facultaría la restricción temporal de algunas libertades y permitiría la participación de las fuerzas armadas en tareas de control de bloqueos.

La administración federal asegura que los cierres carreteros han provocado pérdidas superiores a 1,200 millones de dólares, además de afectar el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en ciudades como La Paz y El Alto.

Mientras tanto, los principales sindicatos mantienen su postura y rechazan los llamados al diálogo realizados por las autoridades. El gobierno también señala al expresidente Evo Morales de promover las movilizaciones, acusación que el exmandatario niega.

La crisis continúa profundizándose en un escenario marcado por bloqueos, escasez y una creciente polarización política que mantiene en vilo al país sudamericano.

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