Bruselas.- La Comisión Europea ha anunciado este jueves el inicio de investigaciones dirigidas a desentrañar la proliferación de desinformación en las redes sociales propiedad de Meta, que incluye a Facebook e Instagram, así como en la popular plataforma TikTok, en relación con el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás.

En el caso de Meta, el organismo europeo ha solicitado información específica sobre la «diseminación y amplificación de contenido ilegal» relacionado con la situación en Oriente Medio. Esta investigación se centra en la posible responsabilidad de Meta en la propagación de contenido que incumple las regulaciones vigentes.

Por su parte, en lo que respecta a TikTok, la Comisión Europea ha requerido datos sobre las medidas implementadas por la plataforma para evitar la diseminación de «contenido violento o de carácter terrorista y discurso de odio». Además, se enfoca en las acciones tomadas para proteger a los menores de edad que utilizan la aplicación.

Meta y TikTok tienen una fecha límite para responder a la Comisión Europea

Tanto Meta como TikTok tienen un plazo que vence el 25 de octubre para responder a las demandas iniciales de la Comisión Europea. Posteriormente, deben presentar información más detallada antes del 8 de noviembre.

La base de estas investigaciones se apoya en las obligaciones impuestas a las grandes plataformas por la recientemente promulgada Ley de Servicios Digitales (DSA), que es parte de un conjunto normativo más amplio que incluye la Ley de Mercados Digitales (DMA). Estas medidas representan un intento por parte de la Unión Europea de establecer regulaciones que supervisen el funcionamiento de las grandes plataformas en el espacio europeo y aborden cuestiones de desinformación y contenido ilegal.

Las nuevas reglas en línea, establecidas por la Ley de Servicios Digitales, imponen a las principales plataformas en línea la responsabilidad de eliminar contenido ilegal y perjudicial o enfrentar sanciones que podrían ascender hasta el 6% de su facturación global. El objetivo subyacente de estas leyes es contrarrestar la difusión de la desinformación y contenidos ilícitos, y someter a las grandes plataformas a un riguroso código de eliminación de contenido y transparencia.

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