El 1 de diciembre de 2017, Michael Flynn entró en el tribunal federal de Washington, DC, y se declaró culpable de mentirle al FBI.

Admitió haber mentido a los agentes sobre sus conversaciones con el embajador ruso en los Estados Unidos después de las elecciones de 2016, según su acuerdo con la oficina del entonces asesor especial Robert Mueller. Acordó cooperar con la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones, con la esperanza de obtener el apoyo del gobierno para una sentencia más baja.

Sin embargo, en los próximos dos años, lo que parecía ser uno de los casos más claros y abiertos que salió de la oficina de Mueller se desmoronó en un pantano con carga política. Su sentencia se retrasó repetidamente cuando recurrió a nuevos abogados para tratar de recuperar su declaración de culpabilidad y presentar un ataque, apoyado por su ex jefe, el presidente Donald Trump, contra el propio procesamiento.

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El jueves, la estrategia valió la pena. Timothy Shea, quien se ha desempeñado como fiscal interino de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, presentó documentos ante el tribunal para desestimar todo el caso penal contra Flynn. Citando nuevas pruebas descubiertas durante una revisión del caso de Michael Flynn por el Departamento de Justicia que el Fiscal General Bill Barr lanzó a principios de este año, Shea escribió que el gobierno ya no estaba convencido de que la entrevista de enero de 2017 en la que Flynn admitió haber mentido a agentes del FBI «se realizó con una base legítima de investigación «.

Independientemente de si Flynn mintió, escribió Shea, la ley penal federal requería que las mentiras tuvieran que ser «importantes» para una investigación. Shea dijo que la entrevista de Flynn en 2017 sobre sus contactos con el embajador ruso estaban «libres» de una investigación de contrainteligencia sobre Flynn relacionada con la investigación más amplia de Rusia que el FBI se estaba preparando para cerrar en el momento de la entrevista.

El FBI «esquivó una protección modesta pero crítica que restringe el alcance investigativo de la policía: el umbral de predicación para investigar a los ciudadanos estadounidenses», escribió Shea.