Estados Unidos. Migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han incrementado sus solicitudes de apoyo legal por presuntas violaciones a derechos humanos, en un contexto marcado por la sobresaturación de centros de detención y dificultades para acceder a defensa jurídica.

De acuerdo con la abogada Jodi Goodwin, con más de 20 años de experiencia, los centros operan con el doble o triple de su capacidad, lo que impacta directamente en las condiciones de internamiento. “Es difícil hablar con la familia, conseguir un abogado es costoso, la comida es deficiente y no hay atención médica adecuada. Todos los días está peor”, señaló.

El aumento en las detenciones, atribuido a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, ha derivado en un crecimiento de casos legales. Se estiman alrededor de 60 solicitudes diarias de apoyo jurídico, casi el doble en comparación con administraciones anteriores.

Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, actualmente hay más de 170 mil personas bajo custodia del ICE, la cifra más alta desde la creación de la agencia en 2003. De ellas, 13 mil 722 migrantes llevan más de seis meses detenidos.

Organizaciones civiles denuncian que muchos detenidos carecen de derechos básicos, como acceso a asesoría legal, comunicación con familiares, atención médica, agua potable y condiciones dignas de alojamiento. Goodwin advirtió que esta situación podría derivar en más fallecimientos bajo custodia.

Desde enero de 2015, al menos 37 personas han muerto bajo custodia del ICE, incluidas 14 de nacionalidad mexicana. Entre los casos recientes se encuentra el de José Guadalupe Ramos Solano, fallecido en un centro de detención en California, así como el de Roger Pérez Jiménez, de 19 años, cuyo deceso fue catalogado como presunto suicidio, aunque su familia exige una investigación más profunda.

También destaca el caso de Alberto Gutiérrez Reyes, quien murió tras solicitar atención médica por complicaciones derivadas de diabetes. Su familia continúa demandando justicia.

Especialistas señalan que las familias enfrentan múltiples obstáculos para acceder a procesos legales, como altos costos de defensa —hasta 300 dólares por hora—, retrasos en audiencias y dificultades para reunir pruebas.

Ante estos escenarios, expertos recomiendan que, en caso de fallecimiento bajo custodia, los familiares busquen asesoría legal inmediata para notificar a las autoridades judiciales y garantizar la preservación de evidencias en posibles litigios.

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