En medio de la polémica por los recortes de presupuesto a la educación en Argentina, el presidente Javier Milei ha dado un paso más allá al ordenar la revisión de los convenios entre el Gobierno y las universidades públicas. Esta decisión llega después de la masiva protesta protagonizada por docentes, alumnos y directivos de las instituciones educativas, que se manifestaron en defensa de la educación pública.

¿Qué se auditará?

Según información reportada por el portal Todo Noticias (TN), Milei ha instruido que se auditen 306 convenios firmados entre el 10 de diciembre de 2019 y la misma fecha de 2023, con montos que oscilan entre los 2 millones y los 170 millones de pesos. Estos acuerdos abarcan servicios de capacitación, consultorías, desarrollo de sistemas y diplomaturas, entre otros.

La tarea de revisar estos convenios estará a cargo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), organismo encargado del control interno del sector público que depende del Ejecutivo nacional. A través de esta auditoría, se buscará verificar si se han cumplido las metas establecidas en cada convenio, es decir, si el Estado ha recibido la contraprestación acordada.

Sin embargo, cabe destacar que el Ejecutivo no cuenta con la facultad para realizar este tipo de auditorías en las universidades públicas. Según lo expresado por el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, es el Congreso el único órgano que puede solicitar este tipo de revisiones. Para ello, debería formarse una comisión mixta revisora de cuentas conformada por diputados y senadores.

Por su parte, Olmos ha enfatizado que el problema principal no radica en la falta de auditorías, ya que las universidades ya son auditadas, como se ha visto en provincias como Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, Nordeste y La Plata. El verdadero dilema se encuentra en el ajuste presupuestario que pone en riesgo la continuidad de diversas actividades educativas.

Marcha en defensa de la educación pública

La movilización en defensa de la educación pública ha sido contundente, con manifestaciones en varias ciudades del país bajo la consigna de exigir un mayor financiamiento ante el aumento inflacionario. A pesar de la asignación del «100 % de los gastos» de funcionamiento de las universidades anunciada por el Gobierno antes de la manifestación, las autoridades han señalado que este monto resulta insuficiente.

En este contexto, la orden de Milei de auditar los convenios con las universidades ha generado un nuevo capítulo en el conflicto entre el Ejecutivo y el sector educativo. Mientras tanto, la comunidad educativa se prepara para seguir luchando por una educación pública de calidad y accesible para todos.

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