El gobierno del presidente Javier Milei ha desatado una ola de controversia al aprobar un decreto que restringe significativamente el derecho a huelga, una garantía constitucional fundamental.

Lo que inicialmente se presentó como una desregulación del transporte marítimo y fluvial se ha transformado en una medida de amplio alcance que amenaza a cientos de miles de trabajadores en todo el país.

El decreto, que ha generado una profunda alarma entre sindicatos, la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la izquierda argentina, amplía drásticamente la lista de "servicios esenciales" que deben mantener una prestación mínima incluso durante conflictos laborales. Esta expansión, que va mucho más allá de los sectores tradicionales como la salud, el agua potable y la energía, ahora incluye una vasta gama de actividades productivas y comerciales.

La lista de servicios "esenciales" ahora abarca desde la producción de medicamentos hasta la industria alimentaria, el transporte terrestre y subterráneo, la radio y televisión, la minería, los servicios bancarios y financieros, el comercio electrónico y la producción de bienes para la exportación. Esta inclusión masiva implica que estos sectores deberán garantizar un funcionamiento del 50% al 75% durante cualquier huelga, lo que ha sido calificado por abogados laboralistas como un ataque directo al derecho constitucional a la huelga.

El decreto, que se encuentra "escondido" dentro de la normativa sobre la marina mercante, ha sido criticado por su sutileza y por el intento de pasar inadvertido en el Boletín Oficial. Esta estrategia recuerda el intento fallido de Milei de imponer una reforma laboral a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

El abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano señaló a EFE que esta ampliación de las actividades esenciales ya había sido intentada en el DNU inicial de Milei, y que su inconstitucionalidad ya había sido establecida. Ahora, la Corte Suprema mantiene un "estratégico silencio" sobre el tema, mientras que los sindicatos evalúan acciones legales para combatir el decreto.

La reacción de los sindicatos ha sido de profunda indignación, y la medida se suma al creciente malestar generado por los intentos del gobierno de limitar los aumentos salariales, una política que ya se conoce como "cepo salarial" en Argentina.