La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este lunes una serie de medidas para proteger a los ciudadanos y penalizar a aquellas empresas que acaten restricciones extranjeras.

El Congreso de Nicaragua aprobó la ley que penaliza a las empresas que implementen sanciones internacionales dentro del país, como las impuestas por Estados Unidos desde 2018.

La Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas busca defender la soberanía nacional y responde a lo que el gobierno considera agresiones contra su pueblo e instituciones.

Con el objetivo de fortalecer el marco jurídico en la defensa de la soberanía, el diputado Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, dio a conocer los detalles de esta nueva normativa.

Según el texto legislativo, las entidades que apliquen sanciones extranjeras podrían enfrentar multas e incluso la suspensión de sus operaciones, marcando un desafío al sistema financiero global dominado por Estados Unidos.

En este sentido, el diputado Moisés Absalón Pastora enfatizó la importancia de que el país tome sus propias decisiones y defienda su autodeterminación.

Por su parte, el diputado Wálmaro Gutiérrez criticó las medidas unilaterales impuestas por Washington como «absurdas» y señaló que buscan «someter y arrodillar a los pueblos del mundo«.

Vídeo de la aprobación

Esta nueva legislación se suma a una reciente reforma constitucional, también respaldada por la Asamblea Nacional, que ha generado controversia por crear el cargo de copresidente, elevando el rango de la esposa del presidente Ortega, Rosario Murillo.

Además, la reforma incluye derechos fundamentales como la educación gratuita y de calidad en todos los niveles, y reconoce a los pueblos originarios y afrodescendientes. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que estas modificaciones buscan modernizar el marco jurídico y garantizar la paz y la estabilidad del país.

En palabras de Porras, «la soberanía, la paz y la autodeterminación son derechos irrenunciables».

La nueva Constitución fortalecerá la lucha contra la pobreza y garantizará la seguridad de todos los nicaragüenses, respondiendo a las demandas históricas de la población.

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