La Paz.- En medio de la creciente tensión política en Bolivia, un nuevo enfrentamiento entre policías y manifestantes dejó como saldo trece heridos, entre ellos doce uniformados y un civil. Los hechos se registraron en Mairana, en el departamento de Santa Cruz, durante una protesta en apoyo al expresidente Evo Morales, quien se encuentra bajo investigación por un presunto caso de estupro.

La situación se ha venido intensificando desde el pasado 14 de octubre, cuando iniciaron las movilizaciones en rechazo a las acciones legales contra Morales. Según informes oficiales, los puntos de bloqueo en las carreteras pasaron de cuatro a 23 en cuestión de días, lo que ha generado un clima de confrontación constante.

En esta ocasión, el enfrentamiento se desató cuando la fuerza pública intentó despejar una de las vías bloqueadas en Mairana. Rolando Rojas, comandante de la policía de Santa Cruz, informó a los medios que los manifestantes emboscaron a la policía, lo que desencadenó el choque que dejó a trece personas heridas.

Enfrentamientos entre policías y manifestantes continúan en Bolivia

La protesta, liderada por campesinos afines a Morales, ha reavivado la tensión en el país, especialmente en el departamento de Cochabamba, donde el exmandatario se encuentra resguardado ante la posibilidad de ser detenido. La Fiscalía acusa a Morales de estupro, trata y tráfico de personas por un caso ocurrido durante su mandato en 2015, acusaciones que él niega rotundamente.

Además, la crisis económica y la escasez de recursos han exacerbado las manifestaciones, convirtiéndolas en un reclamo generalizado contra el gobierno de Luis Arce. El expresidente denunció un atentado en su contra el pasado domingo, asegurando que recibió disparos en su vehículo en la región cocalera del Chapare, donde resultó ileso pero su chofer resultó herido.

Las versiones sobre este incidente han generado controversia, con el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, desmintiendo a Morales y acusándolo de montar un «teatro». Por su parte, Morales ha solicitado una investigación internacional a través de organismos como la CELAC y el ALBA, ante lo que considera un intento de asesinato por parte del gobierno.

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