Oenegés advierten riesgo de impunidad en matanzas de guerra civil de Guatemala
06/12/2024 - Hace 2 meses en InternacionalOenegés advierten riesgo de impunidad en matanzas de guerra civil de Guatemala
Una decena de organizaciones internacionales de derechos humanos lanzaron una alerta sobre el peligro de impunidad en los casos contra militares de Guatemala por las masacres cometidas durante la guerra civil que azotó al país entre 1960 y 1996.
La preocupación de estas organizaciones se debe a la suspensión en los tribunales de apelaciones de algunos procesos contra militares acusados de crímenes de lesa humanidad, así como a los recientes cambios en la fiscalía de derechos humanos ordenados por la fiscal general Consuelo Porras, cuya gestión ha sido cuestionada en repetidas ocasiones.
Suspensión de juicios
En un comunicado conjunto, oenegés como WOLA, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Impunity Watch y Robert F. Kennedy, destacaron que las decisiones tomadas representan «un grave retroceso» en la lucha por la verdad y la justicia en Guatemala.
Uno de los casos que ha generado mayor preocupación es la suspensión del juicio contra el general retirado Benedicto Lucas García, de 92 años, por el exterminio de indígenas. Lucas García había sido llevado a juicio por su supuesta participación en la matanza de más de 1.200 indígenas entre 1978 y 1982, durante el mandato de su hermano, el fallecido presidente Romeo Lucas García.
Además, a principios de noviembre, otro juicio contra ocho militares retirados, incluido Lucas García, fue suspendido por una sala de apelaciones. Estos militares estaban siendo acusados de desapariciones forzadas, en un caso vinculado al hallazgo de más de 500 osamentas en una antigua base militar en Cobán, calificada por las oenegés como «el cementerio clandestino más grande de Latinoamérica».
Destitución de fiscales
Estas decisiones judiciales se suman a la destitución de tres fiscales y la reubicación de 11 fiscales auxiliares que investigaban casos del conflicto armado, ordenadas por Consuelo Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por supuestas prácticas corruptas y antidemocráticas.
«Estas decisiones no solo ponen en riesgo el derecho de las víctimas a la justicia, sino que también debilitan el estado de derecho y la democracia en el país», advirtieron las oenegés en su comunicado.
La guerra civil en Guatemala dejó alrededor de 200.000 muertos y desaparecidos, la mayoría a manos de las fuerzas militares, que acusaban a la población indígena de colaborar con la guerrilla izquierdista.
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