La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) reportó un deterioro significativo de los derechos humanos en el país entre abril y junio de 2025, especialmente contra mujeres. El informe detalla incremento de restricciones a la educación femenina, represión de la libertad de expresión y actos de violencia contra exfuncionarios, pese a la amnistía anunciada por las autoridades talibanas.

Las mujeres y niñas continúan excluidas de la educación más allá del sexto grado, y el reciente examen universitario no incluyó ninguna mención a su participación. Además, la aplicación del uso obligatorio del hiyab se ha intensificado, con casos documentados en Herat donde se negó acceso a mercados y transporte público.

También se ha registrado la negación de servicios a mujeres sin tutor masculino, exclusión de parques públicos y exigencia de “tarjeta mahram” para trabajadoras sanitarias en Kandahar.

Violencia y represión documentadas

La violencia de género persiste, con matrimonios forzados a pesar de la prohibición emitida por los talibanes en 2021, y sin claridad sobre su implementación o supervisión. En abril, se documentaron ejecuciones públicas, castigos corporales, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos de exmiembros de las fuerzas de seguridad del anterior gobierno afgano.

Protestas contra la erradicación de cultivos de amapola en Badakhshan fueron reprimidas violentamente, dejando al menos ocho muertos y veintidós heridos según el reporte de UNAMA. La libertad de expresión se mantiene restringida, con censura a contenidos políticos, imágenes, eventos culturales y actividad en redes sociales en diversas provincias del país.

Un medio afín a los talibanes llegó a calificar de “enemigos del Islam” a quienes difunden información sobre la situación de derechos humanos en Afganistán.

Impacto en retornados y sistema judicial

UNAMA advirtió que retornados, especialmente mujeres, periodistas y exfuncionarios, enfrentan arrestos arbitrarios y malos tratos, pidiendo detener deportaciones sin evaluación de riesgo hacia Afganistán. Richard Bennett, relator de la ONU, destacó que desde 2021 los talibanes suspendieron la Constitución de 2004 y leyes que protegían a mujeres y niñas.

Además, se destituyó a jueces del anterior sistema judicial, incluidas 270 juezas, reemplazándolos por hombres sin formación legal que aplican edictos religiosos extremistas. Los talibanes también asumieron control total de las agencias policiales, eliminando a quienes trabajaron con el gobierno anterior respaldado por Estados Unidos, consolidando un aparato represivo.

Bennett aseguró que su investigación incluyó más de 110 entrevistas y reuniones virtuales, ya que los talibanes le han negado visado para visitar Afganistán directamente.

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