Los representantes permanentes de los países de la Unión Europea en Bruselas validaron este viernes una ley que impone obligaciones a las empresas del bloque en materia medioambiental y de derechos humanos, aunque con un alcance menor de lo que se había previsto.

Los eurodiputados y los negociadores de los Estados miembros habían llegado a un acuerdo político en diciembre sobre este texto que crea un «deber de vigilancia» para las empresas, de identificar y corregir en su cadena los impactos al medioambiente y a los derechos de los trabajadores.

Sin embargo los 27 países fracasaron en dos intentos de lograr la mayoría necesaria para ratificar formalmente el acuerdo.

Finalmente, la reducción en los criterios de aplicación en comparación con el acuerdo original de diciembre hizo que este viernes se aprobara el texto.

Esta ley establece que las empresas son legalmente responsables de las violaciones de los derechos humanos y sociales como el trabajo infantil o el trabajo forzoso.

También son responsables por daños al medioambiente, como la deforestación o la contaminación.

El acuerdo alcanzado en diciembre con los eurodiputados preveía que las normas se aplicarían a las empresas europeas con más de 500 empleados y una facturación global neta de 150 millones de euros (unos 160 millones de dólares).

La norma se aplicaría también a empresas con 250 o más empleados si sus ingresos superaban los 40 millones de euros (43 millones de dólares) y provenían de sectores considerados de riesgo.

Sin embargo, el texto validado este viernes afecta a empresas con 1.000 empleados o más con un volumen de negocios de al menos 450 millones de euros (aproximadamente 490 millones de dólares).

Las disposiciones relativas a las empresas implicadas en sectores de riesgo han desaparecido, según una fuente diplomática.

El Parlamento Europeo tendrá que decidir ahora sobre estos cambios y aprobar formalmente el texto modificado para que entre en vigor.

Los embajadores de los Estados miembros en Bruselas buscaron una solución durante dos meses para encontrar la mayoría cualificada necesaria, de un mínimo de 15 Estados que representen el 65% de la población de la UE.