El expresidente peruano, Pedro Castillo, actualmente en prisión preventiva por cargos de rebelión y corrupción, ha lanzado un dramático llamado a la comunidad internacional para que intervenga de manera urgente ante las graves denuncias de su exprimera ministra, Betssy Chávez, quien afirma ser víctima de una red criminal dentro de la cárcel Anexo Mujeres de Chorrillos, donde se encuentra recluida.

Castillo calificó la situación como una “escalada intolerable de persecución política” y expresó su total respaldo a Chávez, quien, según él, ha tenido el coraje de exponer una organización criminal operando dentro del penal. Las denuncias son alarmantes e incluyen chantaje sexual, cobros ilegales por acceso a celdas, restricciones arbitrarias de visitas y la imposición de toques de queda sin sustento legal.

Acusación de intento de asesinato

El exmandatario advirtió que la situación ha alcanzado un punto crítico, ya que Chávez ha señalado que su vida corre peligro debido a un posible intento de eliminación física en su contra. Este extremo ha generado conmoción y ha llevado a Castillo a responsabilizar directamente a la administración de su exaliada política, la presidenta Dina Boluarte, por lo que calificó como “crímenes de Estado”.

Castillo reiteró que tanto él como otros miembros de su gabinete son víctimas de una ofensiva política impulsada por lo que denomina “la dictadura que hoy gobierna el Perú”.

Desde su reclusión, el expresidente ha manifestado su solidaridad con Betssy Chávez, quien estuvo a su lado en el Palacio de Gobierno el 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo anunció el fallido intento de autogolpe de Estado que condujo a su detención.

Historial de denuncias y contexto Legal

Betssy Chávez ha enfrentado desafíos desde su encarcelamiento. Desde 2023, la exministra ha denunciado actos de hostigamiento en prisión e incluso afirmó que se le intentó obligar a firmar una carta negando haber sufrido torturas, acusaciones que fueron negadas enfáticamente por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Chávez fue detenida en junio de 2023 en Tacna, después de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declarara fundada la petición del Ministerio Público, que la investiga por la presunta comisión del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración, en agravio del Estado. La Sala Suprema rechazó la misma medida para los exministros del Interior, Willy Huerta, y de Comercio, Roberto Sánchez, quienes también son investigados por su presunta participación en el fallido intento de golpe.

Llamado a Organismos y Ciudadanía

Ante la gravedad de las acusaciones, Castillo ha invocado a la Defensoría del Pueblo, así como a movimientos sociales y a la ciudadanía, a que «acudan de inmediato a verificar la situación, brinden garantías a su integridad y exijan el cese de estos crímenes de Estado».

La solicitud de intervención internacional subraya la tensión política y la crisis institucional que continúan marcando el panorama en Perú, mientras las autoridades enfrentan la presión para responder a las acusaciones sobre la seguridad e integridad de los presos políticos.

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