La pena de muerte continúa siendo una opción en el proceso judicial que enfrenta Rafael Caro Quintero en Estados Unidos, confirmaron este miércoles fiscales federales durante una audiencia celebrada en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn. La próxima cita en el tribunal fue fijada para el 18 de septiembre.

Caro Quintero, uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, es acusado del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, así como de múltiples delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y el uso ilegal de armas de fuego para actividades criminales.

Durante la audiencia, la fiscal Saritha Komatireddy informó que el Departamento de Justicia aún no ha descartado solicitar la pena capital, y adelantó que como parte de las pruebas se incluirán grabaciones que documentan los interrogatorios y actos de tortura cometidos contra Camarena. La fiscal calificó estos materiales como “pruebas sensibles”.

El juez federal Frederick Block preside el caso y convocó a la próxima audiencia para analizar si la fiscalía formalizará su intención de buscar la pena de muerte. El magistrado también designó a dos abogados defensores para Caro Quintero: Mark DeMarco y Elizabeth Macedonio, esta última con experiencia en casos donde la pena capital está en consideración.

Caro Quintero fue extraditado a Estados Unidos en febrero pasado, junto con otros 29 presuntos líderes de organizaciones criminales mexicanas. Antes de su captura, era uno de los fugitivos más buscados por las autoridades estadounidenses, que ofrecían una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que llevara a su arresto.

Además del homicidio de Camarena, el exlíder criminal enfrenta cargos por conspiración para el tráfico de marihuana, cocaína y fentanilo a gran escala, así como por encabezar una estructura delictiva con operaciones internacionales. La fiscalía sostiene que su papel en el crimen organizado tuvo continuidad incluso después de su supuesta “retirada” del narcotráfico en años anteriores.

El caso es seguido de cerca tanto por autoridades estadounidenses como mexicanas, dado el alto perfil del acusado y la gravedad de los delitos que se le imputan. La decisión sobre si el gobierno estadounidense buscará oficialmente la pena de muerte podría marcar un giro decisivo en el proceso judicial.

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