En medio de una creciente ola de represión contra la Iglesia católica en Nicaragua, activistas y periodistas nicaragüenses en el exilio han denunciado la detención de dos sacerdotes y dos colaboradoras laicas en las últimas horas. Esta situación ha vuelto a poner en alerta a la comunidad internacional sobre la violación de derechos humanos en el país centroamericano.

Martha Patricia Molina, abogada e investigadora de temas eclesiásticos exiliada en Estados Unidos, informó a través de la red social X que el sacerdote Denis Martínez, de la diócesis de Matagalpa, fue arrestado por la Policía Nacional mientras se dirigía a celebrar una misa. Al mismo tiempo, los portales digitales Confidencial y La Prensa han reportado también la detención de otro sacerdote y dos colaboradoras laicas.

Según la información proporcionada, el sacerdote Leonel Balmaceda de la parroquia Jesús de Caridad en la localidad de La Trinidad, en Estelí, y las colaboradoras laicas Carmen Sáenz y Lesbia Gutiérrez, de la Diócesis de Matagalpa, también fueron detenidos en un operativo llevado a cabo el sábado.

En su cuenta de X, el abogado exiliado Yader Morazán reveló que Gutiérrez es la administradora de Cáritas y Sáenz se desempeña como asesora legal en temas de Derecho Canónico y exfuncionaria del Poder Judicial. Hasta el momento, el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre estas detenciones.

Esta nueva arremetida contra la Iglesia católica en Nicaragua se suma a la reciente detención de 13 religiosos en Matagalpa, que fueron posteriormente expulsados al Vaticano. Desde el Colectivo Nicaragua Nunca Más, se ha indicado que siete de estos religiosos se encuentran en detención domiciliaria.

Acusaciones del gobierno

El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han acusado a la Iglesia de apoyar las protestas contra el gobierno en 2018, las cuales desencadenaron una violenta represión que dejó más de 300 muertos, según cifras de la ONU. Murillo ha llegado a calificar a los religiosos como «hijos del demonio» y «agentes del mal» que promueven «terrorismo espiritual».

Ante las constantes detenciones y expulsiones de religiosos en Nicaragua, un grupo de expertos de las Naciones Unidas ha denunciado que el gobierno de Ortega mantiene ataques «sistemáticos» contra la Iglesia católica y otras confesiones cristianas desde las protestas de 2018. Esta situación ha generado preocupación en la comunidad internacional y aumentado la presión sobre el gobierno nicaragüense para que respete la libertad religiosa y los derechos humanos en el país.

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