Las autoridades de Perú decidieron mantener la orden de impedimento de ingreso al país para el expresidente boliviano, Evo Morales, después de que la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima revocara una resolución judicial previa. Esta decisión surge tras la declaración de improcedencia por sustracción de la materia del habeas corpus presentado por un abogado en favor de Morales, argumentando que su situación jurídica y libertad no se ven afectadas en la actualidad, y que no hay indicios de su intento de ingresar a Perú.

Perspectiva judicial del caso de Evo Morales y la soberanía del estado peruano

La resolución de la Segunda Sala Constitucional resalta la soberanía del Estado peruano para regular el ingreso de extranjeros a su territorio. Al declarar improcedente el habeas corpus, el tribunal subraya que la presencia de Evo Morales podría afectar la seguridad interna del país. Este fallo pone de manifiesto la autoridad del Estado peruano para tomar decisiones que considera necesarias para resguardar su soberanía y seguridad nacional.

El Ministerio del Interior de Perú, el 9 de enero de 2023, a través de Migraciones, dispuso el registro del impedimento de ingreso al país de Evo Morales y otros ocho ciudadanos bolivianos. Esta medida se tomó en medio de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y la clase política peruana, que dejaron decenas de muertos. La detección de ingresos al país de ciudadanos bolivianos para realizar actividades políticas proselitistas se consideró una amenaza a la legislación migratoria, seguridad nacional y el orden interno.

 Decisiones previas y revocación judicial en el caso

En noviembre pasado, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundado en parte el habeas corpus presentado a favor de Morales. Esta decisión ordenó la nulidad de la alerta migratoria y la emisión de un dispositivo que regulase estas disposiciones de acuerdo con principios y valores constitucionales y democráticos.

Sin embargo, tras una apelación de las autoridades, la Segunda Sala Constitucional concluyó que el actuar de Migraciones no fue arbitrario y que la decisión de impedir el ingreso se justificó debido a un informe de inteligencia que calificó a Morales como ‘una persona peligrosa para la seguridad del Estado’.

Fundamentos y resultado final del caso contra Evo Morales

La Segunda Sala Constitucional, al revocar la resolución del 17 de noviembre de 2023, declaró improcedente la demanda presentada contra la Superintendencia de Migraciones. Los fundamentos de la decisión destacaron que el actuar de Migraciones se encuentra plenamente justificado, respaldado por un informe de inteligencia que considera a Morales como una amenaza para la seguridad del Estado. 

Aunque el Quinto Juzgado Constitucional había emitido previamente una resolución a favor del expresidente boliviano, la revocación por parte de la Segunda Sala Constitucional subraya la importancia de considerar la seguridad del Estado como un factor determinante en las decisiones migratorias.

Este caso pone de manifiesto la complejidad de los desafíos políticos y jurídicos que enfrentan los países al gestionar la entrada de figuras políticas controvertidas, y cómo estas decisiones impactan no solo en la relación bilateral sino también en la percepción de la seguridad interna del país.

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