Brasilia.- La Policía Federal de Brasil está llevando a cabo una investigación sobre la posible presencia de infiltrados de las Fuerzas Especiales del Ejército en los violentos eventos que tuvieron lugar el pasado 8 de enero en Brasilia. Se busca determinar si estos individuos de élite del Ejército desempeñaron algún papel en el asalto de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro a las sedes de los Tres Poderes del país.

De acuerdo con las imágenes a las que ha tenido acceso la investigación y las declaraciones de varios detenidos relacionados con estos eventos, se sospecha que efectivos de las Fuerzas Especiales del Ejército estuvieron presentes en puntos estratégicos de la Plaza de los Tres Poderes. Según informó el diario ‘O Globo’, estas pruebas sugieren que estos militares, conocidos como ‘chicos negros’ debido al color de sus atuendos, fueron los primeros en ingresar a la sede del Congreso y facilitaron la entrada de los asaltantes, algunos de los cuales afirmaron haber recibido órdenes de estos individuos.

Las imágenes de las cámaras de seguridad que están en manos de la Policía Federal muestran a hombres vestidos con pasamontañas similares a los utilizados por los militares de élite, cuya actuación ese día se asemejó a la de estas fuerzas especializadas en acciones de guerra irregular, como la guerrilla urbana y la insurgencia.

Es relevante mencionar que estos grupos de élite de las Fuerzas Especiales ocuparon numerosos puestos importantes en el gobierno de Jair Bolsonaro, incluyendo a personas como el general de la reserva Ridauto Fernandes, quien desempeñó un cargo en el Ministerio de Salud.

Brasil continúa los juicios en contra de los asaltantes del Congreso

Recientemente, el Tribunal Supremo de Brasil emitió sentencias de prisión para tres individuos acusados de participar en el asalto a las instituciones del país el 8 de enero. Esta turba de seguidores de Jair Bolsonaro buscaba derrocar al entonces presidente y actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva. Los últimos tres condenados enfrentan penas que van desde 12 hasta 17 años de prisión y deberán pagar una suma conjunta de 30 millones de reales (equivalentes a 5,6 millones de euros) en concepto de daños morales.

El Tribunal Supremo también ha solicitado penas de hasta 30 años de prisión para otros 40 acusados que están a la espera de ser juzgados, con la esperanza de que estos casos tengan un fuerte impacto simbólico en la lucha contra la violencia política en el país.

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