Canarias ha autorizado la eliminación de perros, gatos y hurones sin dueño o en estado salvaje, utilizando el término «asilvestrados» para justificar su exterminio, hasta que entre en vigor una Ley en septiembre que prohíba estas acciones.

El valor de una vida y si se considera un crimen o no, depende de la fecha de implementación de un Real Decreto.

Es una cuestión de suerte para las víctimas ser encontradas por los cazadores antes o después de que la Ley entre en vigencia.

El gobierno canario utiliza el término «caza menor» para describir esta práctica, tratando de enmascarar la realidad de estas matanzas normalizadas.

Si nos imaginamos que cuando se aprobó la Ley en España que prohibía el maltrato a los niños en 2007, alguna Comunidad hubiera autorizado abiertamente golpearlos mientras la Ley se publicaba en el BOE, podríamos comprender la gravedad de esta situación.

Estamos hablando de violencia en ambos casos, y en este contexto, de violencia contra perros, gatos y hurones que resulta en la muerte.

Los cazadores, con su habitual agresividad y crueldad, están contentos de poder asesinar legalmente a estos animales.

En muchas ocasiones, ya lo hacían ilegalmente, y esto ha sido una demanda constante dentro de su mundo de plomo, cuchillos, cuerdas, cebos envenenados y jueces ocultando evidencias de estos actos.

Es importante recordar que muchos de estos perros y la mayoría de los hurones que son disparados porque no están acompañados por un humano, son considerados «excedentes» de la caza.

Una vez que se vuelven inútiles para su despiadado entretenimiento, los abandonan en el mejor de los casos, y otras veces los matan.

Los cazadores aprietan el gatillo y usan el cuchillo. Disfrutan con estas acciones, lo que los convierte en personas despreciables y peligrosas.

Algunos políticos alientan y respaldan estas masacres, lo que los convierte en cómplices e inductores, además de ser peligrosos por sí mismos.