Un grupo de profesores universitarios inició este lunes un juicio contra el gobierno del presidente Donald Trump, al que acusan de violar los derechos constitucionales de estudiantes y académicos internacionales por participar en protestas propalestinas. El proceso, que se celebra en un tribunal federal de Boston, se centra en presuntas represalias del gobierno contra extranjeros vinculados al activismo estudiantil por Palestina.

El caso fue presentado en marzo por la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP) y sus capítulos en las universidades de Harvard, Rutgers y Nueva York, además de la Asociación de Estudios de Oriente Medio. Alegan que durante la administración de Trump se implementó una política de cancelación de visas, detención y deportación de estudiantes y profesores sin ciudadanía estadounidense que expresaron posturas críticas hacia Israel o apoyo a Palestina.

El juicio, presidido por el juez de distrito William Young, se distingue de otros litigios similares, ya que será un proceso sin jurado y con duración estimada de dos semanas, lo cual es poco habitual en demandas contra políticas migratorias. Young señaló que este formato es la mejor vía para "llegar a la verdad".

Mientras en otros casos judiciales relacionados con migración los jueces han emitido resoluciones anticipadas sin necesidad de audiencias prolongadas, este juicio contempla la presentación de testigos y pruebas detalladas.

El detonante del caso fue el arresto de Mahmoud Khalil, recién graduado de la Universidad de Columbia, considerado el primer estudiante afectado por la presunta política de deportaciones dirigidas. A partir de entonces, cientos de visados fueron cancelados y varios estudiantes y académicos fueron detenidos.

Uno de los casos más notorios fue el de Rumeysa Ozturk, estudiante de la Universidad de Tufts, detenida por agentes vestidos de civil tras coescribir un artículo de opinión que criticaba la postura de su universidad frente al conflicto en Gaza.

En algunos casos, los tribunales han ordenado la liberación de los detenidos tras considerar que el gobierno pudo haber violado sus derechos a la libertad de expresión, protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Los demandantes sostienen que las acciones del gobierno fueron una respuesta directa a las órdenes ejecutivas firmadas por Trump en enero, las cuales instruían a las agencias federales a combatir ideologías consideradas hostiles, como el antisemitismo, y a "proteger a los estadounidenses" de no ciudadanos que promovieran ideologías de odio.

Según los académicos, dichas medidas fueron utilizadas para silenciar protestas universitarias relacionadas con la guerra de Israel en Gaza, intensificadas tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

La administración Trump ha rechazado las acusaciones, argumentando que no existe ninguna política formal o directiva que permita deportaciones por razones ideológicas. “No deportamos a personas por sus ideas”, declaró Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional.

El juicio determinará si hubo violación de derechos constitucionales. En caso de que el juez Young falle a favor de los profesores, se abrirá una segunda fase para establecer posibles reparaciones o medidas correctivas.

El proceso es observado de cerca por organizaciones de derechos civiles, académicos y defensores de la libertad de expresión, quienes consideran que el resultado del caso podría sentar un precedente significativo en materia de derechos migratorios y libertades civiles en el contexto universitario.

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