El pasado 7 de diciembre se celebró la firma del Contrato de Prestación de Servicios Jurídicos entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del Consulado de México en Tucson, Arizona, y la firma legal Kuykendall & Associates, para dar continuidad al Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos.

La firma se llevó a cabo en las instalaciones del Consulado en Tucson entre el cónsul titular de esa representación, Rafael Barceló Durazo, en representación del Gobierno de México, y el abogado especialista en derecho penal y director ejecutivo del MCLAP, Gregory J. Kuykendall.

¿Cuándo crearon el MCLAP?

MCLAP es un programa de asistencia legal, único en su tipo a nivel mundial. Ha sido reconocido por diversas instancias de la Organización de las Naciones Unidas, colocando a México a la vanguardia en asistencia y protección consular a las personas mexicanas que enfrentan la pena capital en EE. UU., así como en la prevención y conmutación de dicha condena.

El Programa fue creado en septiembre del año 2000 en respuesta al elevado número de personas mexicanas que enfrentaban procesos penales capitales en Estados Unidos de América. El MCLAP monitorea e interviene en diversas etapas del proceso judicial, desde el momento de la detención de la persona mexicana hasta el proceso posterior a la sentencia, tanto en aquellos estados donde se practica la pena capital como en la jurisdicción federal.

¿Qué es el MCLAP?

MCLAP brinda asistencia jurídica especializada a las personas mexicanas sentenciadas a la pena capital; a las que enfrentan procesos judiciales que pudieran derivar en la imposición de dicha condena; a aquellas enlistadas en el fallo Avena de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), del 31 de marzo de 2004, cuya sentencia fue conmutada, pero aún no revisada conforme al mandato del citado fallo; así como a los casos de personas mexicanas que pudieran surgir durante los próximos tres años.

Finalmente, con este acontecimiento el Gobierno de México refrenda su compromiso para velar por los derechos fundamentales de las personas mexicanas que residen en dicho país.