La estatal Petroecuador se encuentra en medio de la polémica luego de que se revelara que adjudicó un contrato por un valor de 90 millones de dólares a tres empresas, una de ellas la compañía Codana SA, vinculada con Isabel Noboa, tía del presidente Daniel Noboa. Este hecho ha generado críticas y cuestionamientos en el ámbito político y social del país.

El contrato, que busca la provisión de 21 millones de litros de etanol anhidro de grado carburante por un valor de 18,9 millones de dólares, ha levantado sospechas sobre posibles conflictos de intereses y tráfico de influencias en el proceso de contratación de la estatal. Estos detalles fueron revelados por la emisora ​​local Radio Pichincha, que hizo públicos los nexos entre Codana SA y la familia Noboa.

En la plataforma de la Superintendencia de Compañías, se puede verificar que el consorcio Nobis SAS, relacionado con Isabel Noboa, es el titular de Codana SA, lo que ha levantado aún más sospechas sobre la transparencia en el proceso de adjudicación de contratos en el sector público.

Reacciones políticas y legales ante la polémica de Petroecuador

Ante esta situación, diversas figuras del ámbito político y legal han expresado su preocupación. El abogado y analista político Mauro Andino ha calificado este hecho como parte de una «bananocracia» que privilegia los intereses de las élites económicas y busca beneficiar a sus corporaciones familiares a través de contratos públicos. Por su parte, el ex ministro del Interior y precandidato presidencial José Serrano ha denunciado que la familia Noboa busca cerrar negocios familiares utilizando recursos públicos.

El abogado Joffre Campaña ha revelado información adicional sobre el caso, señalando que Codana SA tiene como único accionista a Teton Trust Company LLC, la cual a su vez tiene como único accionista a Codana, lo que indicaría que la tía de Noboa podría ser la verdadera dueña de la empresa. Campaña también ha alertado sobre una posible violación del artículo 62 de la Ley de Contratación Pública, que inhabilita a familiares de funcionarios públicos para contratos con entidades del Estado.

Ante estas acusaciones, Petroecuador ha señalado que el proceso de contratación se realizó de acuerdo a la normativa vigente y que se encuentran dispuestos a colaborar con las investigaciones pertinentes para esclarecer cualquier irregularidad. Sin embargo, la sombra de la duda continúa planeando sobre este millonario contrato adjudicado a la familia de Noboa, generando un clima de desconfianza en la gestión de la estatal y en la transparencia de los procesos de contratación pública en el país.

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