En una decisión contundente, Estados Unidos impuso sanciones económicas este jueves a la fiscal general de Nicaragua, Wendy Morales. Se le acusa de ser cómplice de la represión ejecutada por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

El Departamento del Tesoro estadounidense ha bloqueado las cuentas y activos de Morales en Estados Unidos. Además, se ha prohibido cualquier tipo de transacción con ella. Según el comunicado oficial, Morales es considerada un actor clave en la persecución injusta del régimen nicaragüense contra los presos políticos y la sociedad civil.

Morales ya había sido incluida en la Lista Engel el año pasado, lo que le impide ingresar a territorio estadounidense y la señala como una figura corrupta en Centroamérica.

Acusaciones del subsecretario del Tesoro contra la fiscal de Nicaragua

El subsecretario del Tesoro, Brian Nelson, denunció que la fiscal general de Nicaragua ha utilizado su cargo, en coordinación con el régimen de Ortega y Murillo, para reprimir la disidencia. Esto incluye la confiscación de propiedades de opositores políticos del Gobierno sin base jurídica.

La Administración de Joe Biden considera que Morales ha demostrado lealtad a Ortega y posee un gran poder para decidir quién recibe las propiedades confiscadas. Esto abarca a presos políticos, organizaciones internacionales y medios de comunicación.

Se menciona que Morales participó en la confiscación de propiedades de los 222 presos políticos que fueron excarcelados el año pasado y desterrados a Estados Unidos.

El Tesoro señala que la fiscal general fue clave en la estrategia para designar a miembros de la oposición nicaragüense como terroristas. Esto se hizo bloqueando sus recursos financieros mediante una ley antiterrorista preexistente.

Además, Estados Unidos considera que el nombramiento de Morales como fiscal general en 2019 fue ilegal. No cumplió con el requisito de haber ejercido la abogacía durante los diez años anteriores al nombramiento.

Las sanciones impuestas a Morales representan una medida más de Estados Unidos para presionar al régimen de Ortega y Murillo. El fin es poner término a la represión política y asegurar el respeto a los derechos humanos en Nicaragua.

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