La bancada republicana del Senado de Estados Unidos ha iniciado un proceso de negociaciones internas para modificar y eventualmente aprobar el plan fiscal impulsado por el presidente Donald Trump, en medio de divisiones dentro del propio partido y bajo la presión de la Casa Blanca por alcanzar un voto final antes del 4 de julio.

El líder republicano en el Senado, John Thune, quien asumió el cargo en enero pasado, encabeza los esfuerzos para lograr al menos 51 votos necesarios. Con una mayoría de apenas 53-47, el margen de maniobra es estrecho, ya que perder más de tres votos dentro de su partido pondría en riesgo la aprobación del proyecto.

“Tenemos que hacer lo que podamos para conseguir 51”, declaró Thune recientemente, anticipando una serie de reuniones a puerta cerrada con senadores escépticos a lo largo de esta semana.

Uno de los principales obstáculos proviene del senador Rand Paul, quien ya ha manifestado su oposición al proyecto, argumentando que aumentaría significativamente el déficit federal, una preocupación compartida por otros legisladores que también votaron en contra en la Cámara de Representantes. Allí, el proyecto fue aprobado por un margen mínimo de 215-214, tras una sesión maratónica de más de 24 horas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió el plan fiscal este lunes, asegurando que “quien vote en contra, incluyendo al senador Paul, estará votando a favor de un aumento de impuestos de más de 4 billones de dólares para el pueblo estadounidense”. Añadió que el presidente Trump “no cederá en sus prioridades clave” y espera que el Congreso las respalde.

El plan, denominado por el presidente como su “gran y hermoso proyecto de ley”, propone extender los recortes fiscales de su primer mandato y añadir nuevas exenciones tributarias a las propinas, horas extras y la compra de automóviles producidos en EE.UU. Asimismo, contempla un aumento de fondos para reforzar su política migratoria, financiado con recortes superiores a un billón de dólares a programas sociales como Medicare y Medicaid.

Este último punto ha generado inquietud entre senadores republicanos centristas, preocupados por el impacto en la población de bajos ingresos. A su vez, legisladores del ala más conservadora piden más recortes al gasto para reducir el déficit.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que la iniciativa podría añadir cerca de 3 billones de dólares a la deuda nacional en la próxima década, actualmente situada por encima de los 36 billones.

El senador Ron Johnson advirtió en entrevista con CNN que “hay suficiente apoyo para detener el proceso hasta que el presidente se tome en serio la reducción del gasto y del déficit”. Consideró que esta es una oportunidad clave para imponer disciplina fiscal.

Desde la oposición, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó el plan como una “monstruosidad partidista” que representa una “limosna multimillonaria financiada por las familias estadounidenses”, y aseguró que su partido lo combatirá “con todas sus fuerzas”.

Con negociaciones aún en curso y posturas encontradas dentro y fuera del Partido Republicano, el futuro del plan fiscal sigue siendo incierto. La administración Trump, sin embargo, mantiene firme su intención de que sea aprobado antes del próximo feriado nacional.

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