Washington, Estados Unidos.- Por disposición oficial, el Gobierno de Estados Unidos (EU) anunció que suspenderá las redadas en centros laborales en busca de inmigrantes indocumentados; y se centrará en empleadores y en el respeto a las leyes laborales.

Luego de que se anunció que suspende EU las redadas de inmigrantes; se aclaró que esto es con el fin de evitar la explotación de los migrantes.

“No toleraremos que los empleadores inescrupulosos que explotan a los trabajadores no autorizados conduzcan actividades ilegales o impongan condiciones de trabajo insalubres o peligrosas”, indicó en un comunicado Alejandro Mayorkas; titular del Departamento de Seguridad Nacional.

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Con este comunicado, se pone fin de las redadas masivas en centros de trabajo, indicando que, durante la administración de Trump, las operaciones resultaron en el arresto simultáneo de cientos de trabajadores.

Estas redadas se utilizaban como herramienta de los empleadores explotadores para suprimir y como represalia contra la afirmación de las leyes laborales por parte de los trabajadores.

En la actual administración de Joe Biden, se busca proteger a los trabajadores y al mismo tiempo a las empresas estadounidenses legalmente constituidas; por ello se adoptarán medidas y se enfocarán a empleadores más inescrupulosos.

A inicios de 2020, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, llegó a tener un promedio diario de 40 mil personas detenidas y actualmente tiene poco más de 21 mil 800 bajo su custodia en diferentes centros de detención en todo el país.

Los arrestos incluyeron redadas en sitios de trabajo, disminuyeron de seis mil en diciembre pasado a tres mil 600 en agosto.

“Las redadas y arrestos colectivos dirigidos predominantemente a las comunidades inmigrantes; y que a menudo ocurren en escuelas o sitios de trabajo, erosionan la confianza entre las comunidades y la policía”, destacó.

Las nuevas medidas que el Gobierno anunció entrarán en vigor el próximo 29 de noviembre, además no deberán arrestar ni deportar a trabajadores rurales, ancianos o aquellos que hayan denunciado a propietarios de viviendas o empleadores inescrupulosos o que hayan participado en manifestaciones de protesta.

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