Desde el 1 de julio, en el estado de Tennessee entró en vigor una nueva ley que establece sanciones para personas que den alojamiento o asistencia a migrantes en situación irregular. La legislación, conocida como Ley del Senado 392, impone una multa de mil dólares por cada persona indocumentada a la que se le ofrezca refugio, independientemente de si hubo intención de ocultarla.

La medida forma parte de un contexto nacional de endurecimiento de políticas migratorias, impulsado por el gobierno del expresidente Donald Trump y continuado por varios estados. Según el texto legal, cualquier residente de Tennessee que ayude, oculte o albergue a una persona sin estatus legal estaría cometiendo un delito. La ley incluye casos en los que no se haya recibido un pago a cambio ni se tenga relación directa con actividades criminales.

Diversos sectores, incluyendo iglesias, organizaciones humanitarias y activistas, han expresado su preocupación por el impacto de la medida. El Sínodo del Sureste de la Iglesia Evangélica Luterana en América presentó una demanda legal, argumentando que la ley vulnera libertades protegidas por la Constitución de Estados Unidos, como la libertad religiosa y de asociación.

Uno de los ejemplos citados en la demanda es el de una iglesia que ofreció refugio durante más de un año a solicitantes de asilo venezolanos, y que ahora podría enfrentar consecuencias legales por ese acto de apoyo. También se menciona una vivienda propiedad de la misma iglesia utilizada como albergue temporal para personas en situación vulnerable, sin requerir documentos migratorios.

Por su parte, legisladores que impulsaron la medida han afirmado que su intención no es criminalizar a familias que conviven con migrantes indocumentados, sino sancionar a quienes se beneficien económicamente por brindarles alojamiento. No obstante, ciudadanos y grupos civiles han advertido que la redacción de la ley es ambigua, lo que ha generado incertidumbre sobre cómo se aplicará en la práctica.

La Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC) calificó la legislación como una estrategia deliberada para intimidar y castigar a comunidades vulnerables. Su directora legal, Spring Miller, sostuvo que se trata de una política orientada al control más que a la seguridad o el bienestar de la población.

El Instituto para la Defensa y Protección Constitucional de la Facultad de Derecho de Georgetown y el Consejo Americano de Inmigración también se han sumado a la demanda. El caso fue presentado ante un tribunal de distrito en Tennessee, donde un juez deberá decidir si la normativa podrá seguir aplicándose o si viola derechos fundamentales garantizados a los ciudadanos y residentes del estado.

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