Las universidades públicas de Texas deberán identificar y reclasificar como no residentes a estudiantes indocumentados que actualmente gozan de tarifas de matrícula reducidas, de acuerdo con una directiva emitida por la Junta Coordinadora de Educación Superior del estado.

La medida, contenida en una carta enviada por el comisionado Wynn Rosser, responde a un fallo judicial federal reciente que declaró inválida la ley estatal que desde 2001 permitía a estudiantes sin estatus migratorio regular pagar matrícula local (‘in-state tuition’) si habían cursado al menos tres años de secundaria en Texas y se graduaron en el estado.

En su mensaje, Rosser instruyó a las instituciones a aplicar las tarifas de matrícula para no residentes a estos estudiantes a partir del semestre de otoño de 2025, lo que representa un aumento significativo en el costo de sus estudios.

El fallo judicial que motivó esta decisión se derivó de una demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que argumentó que Texas estaba “discriminando inconstitucionalmente a ciudadanos estadounidenses” al ofrecer beneficios educativos a personas extranjeras sin estatus legal.

La ley anulada, conocida como el Texas Dream Act, fue una de las primeras en su tipo a nivel estatal y permitía el acceso a la educación superior con tarifas preferenciales a jóvenes indocumentados residentes de larga duración. A pesar de su carácter local, fue vista como un precedente para legislaciones similares en otros estados.

Según datos de Higher Ed Immigration Portal, se estima que alrededor de 73,000 estudiantes en Texas podrían verse directamente afectados por la reclasificación. Esta cifra representa casi el 20% del total nacional de estudiantes universitarios indocumentados en instituciones públicas.

La reclasificación tendrá implicaciones económicas importantes para los estudiantes, quienes ahora deberán cubrir tarifas significativamente más altas. En muchas universidades públicas de Texas, el costo para no residentes puede ser tres o cuatro veces mayor al que se paga como residente.

Hasta ahora, estos estudiantes habían podido acceder a la educación superior bajo condiciones similares a sus compañeros ciudadanos o residentes legales. Con la nueva orden, el acceso a la educación universitaria se complica para muchos de ellos, especialmente quienes carecen de recursos económicos suficientes.

Las universidades están a la espera de instrucciones detalladas sobre la implementación de la medida, mientras algunas organizaciones civiles y grupos de defensa de los derechos de los migrantes han comenzado a cuestionar la constitucionalidad del fallo y a considerar acciones legales.

La medida ha reactivado el debate nacional sobre el acceso a la educación superior para jóvenes indocumentados y la vigencia de políticas estatales frente a resoluciones judiciales federales. A nivel político, también se espera que el tema influya en las campañas locales y nacionales de cara al próximo ciclo electoral.

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