Texas está a punto de implementar una nueva medida que podría endurecer significativamente su política antimigrante, generando preocupación entre defensores de derechos civiles y legisladores demócratas. El proyecto de Ley Senatorial 8 (SB-8), recientemente aprobado por la legislatura estatal, permitirá a los alguaciles interrogar a personas sobre su estatus migratorio.

Además, obligará a la mayoría de los condados de Texas a firmar acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para colaborar activamente. Según datos del periódico The Texas Tribune, 234 de los 254 condados texanos estarían legalmente obligados a establecer vínculos formales con las autoridades migratorias federales.

Esta medida afectaría principalmente a los departamentos del alguacil que prestan servicios carcelarios al ICE, exigiéndoles verificar el estatus migratorio de los detenidos. El proyecto, impulsado por legisladores republicanos, ya fue aprobado en ambas cámaras estatales y ha sido enviado al gobernador Greg Abbott para su firma.

Ola de críticas

Abbott, quien ha promovido políticas antimigrantes en el pasado, se espera que respalde la legislación sin objeciones, reforzando su postura conservadora en seguridad fronteriza. Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte ola de críticas por parte de activistas de derechos humanos y organizaciones que defienden a inmigrantes indocumentados.

“La SB-8 no aumentará la seguridad de nuestras comunidades, pero obligará a los alguaciles a realizar el trabajo del ICE en apoyo a los vergonzosos esfuerzos de deportación masiva del gobierno federal”, declaró Sarah Cruz, de ACLU.

La activista también advirtió que la medida desviará recursos policiales, aumentará la discriminación racial y alejará a víctimas de crímenes que teman ser deportadas. Por su parte, el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) aseguró que Texas ha servido como laboratorio de políticas migratorias agresivas y peligrosamente expansivas.

Un informe del ILRC sostiene que estas estrategias han influido directamente en la política migratoria del presidente Donald Trump tras su reelección y en otras legislaciones estatales. Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles se preparan para posibles demandas legales, mientras la comunidad inmigrante observa con temor los efectos de la ley en sus vidas.

También te puede interesar:

• Trump culpa a la «ridícula política» migratoria de Biden por ataque terrorista en Colorado