En una decisión que redefine el panorama legal del control de emisiones a nivel global, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializará este jueves la derogación de la Determinación de Peligrosidad de 2009. Este dictamen, emitido durante la administración de Barack Obama, establecía que el dióxido de carbono y otros cinco gases de efecto invernadero representaban una amenaza directa para la salud y el bienestar públicos, sirviendo como el cimiento jurídico para casi todas las regulaciones climáticas federales de las últimas dos décadas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó este movimiento como «la mayor acción desregulatoria en la historia de Estados Unidos», asegurando que la medida liberará a la economía nacional de una carga de 1,3 billones de dólares en costos regulatorios. La propuesta, que fue adelantada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a mediados de 2025, busca desmantelar los requisitos federales que limitan las emisiones contaminantes, comenzando de manera inmediata con los estándares para vehículos motorizados.

La Determinación de Peligrosidad original surgió como respuesta al caso de la Corte Suprema de 2007, Massachusetts vs. EPA, el cual instruyó a la agencia a evaluar si los gases contaminantes debían regularse bajo la Ley de Aire Limpio. Al dejar sin efecto esta conclusión, el gobierno estadounidense elimina la justificación legal que obligaba al Estado a intervenir frente al cambio climático.

Analistas legales y grupos ambientalistas advierten que esta revocación no solo facilitará la producción y uso de combustibles fósiles, sino que dejará al país sin un mecanismo federal para cumplir con objetivos internacionales de reducción de emisiones. Por otro lado, los defensores de la medida argumentan que las regulaciones previas eran «asfixiantes» para la industria y que la nueva política priorizará la independencia energética y el crecimiento económico directo de los hogares estadounidenses.

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