La tensión entre la administración del presidente Donald Trump y el estado de California ha escalado a nuevos niveles con dos demandas legales que sacuden los cimientos de la política federal y estatal.

La batalla por el deporte femenino

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), bajo la dirección del presidente Trump, ha interpuesto una demanda contra California por su política de permitir que atletas transgénero compitan en equipos deportivos femeninos de secundaria. El DOJ argumenta que esta medida viola el Título IX, una ley federal de 1972 que prohíbe la discriminación por razón de sexo en programas educativos que reciben fondos federales.

Según la querella, el Departamento de Educación de California (CDE) y la Federación Interescolar de California (CIF) están "privando de igualdad" de oportunidades educativas y deportivas a las atletas cisgénero al permitir la competencia con atletas transgénero. Esta acción legal no es menor, ya que el DOJ amenaza con retirar la ayuda federal actual y futura, así como aplicar sanciones al estado. Solo para el año fiscal 2025, el CDE recibe aproximadamente 44 mil 300 millones de dólares del Departamento de Educación de Estados Unidos.

La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, se unió a las preocupaciones previamente expresadas por el gobernador de California, Gavin Newsom, quien ha manifestado reservas sobre la participación de atletas transgénero en equipos femeninos. Bondi calificó esta situación como "profundamente injusta" e "ilegal" bajo la ley federal.

La secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon, reforzó esta postura, declarando que la demanda cumple con la promesa de campaña de Trump de "mantener a los hombres fuera del deporte femenino".

Los Ángeles contraataca

Mientras tanto, en una clara demostración de la profunda división entre el gobierno federal y California, la ciudad de Los Ángeles y varios municipios del sur de California han unido fuerzas en una demanda contra la administración Trump. Esta acción legal busca detener las redadas migratorias que, según los demandantes, han sembrado el pánico y desatado protestas generalizadas en las comunidades migrantes.

La demanda, inicialmente presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles, acusa a los agentes federales de utilizar tácticas policiales ilegales, incluyendo el uso de perfiles raciales, para cumplir con supuestas cuotas de arrestos de inmigrantes.

Esta es la primera vez que Los Ángeles toma una acción legal formal para detener las redadas, después de que el propio gobierno federal demandara a la ciudad en junio por limitar la cooperación con las autoridades migratorias federales.

La Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto, acompañada por funcionarios de municipios como el condado de Los Ángeles, Pasadena, Santa Mónica y West Hollywood, declaró que "no se puede permitir que continúen estas redadas y redadas inconstitucionales".