En medio de su renovada ofensiva antimigratoria, el gobierno del presidente Donald Trump considera seriamente suspender el derecho de los migrantes a impugnar detenciones. La medida implicaría restringir el acceso al «habeas corpus«, un principio constitucional que garantiza a toda persona detenida el derecho a presentarse ante un juez.

Así lo reveló Stephen Miller, subdirector de gabinete de políticas de la Casa Blanca, quien aseguró que la administración evalúa aplicar esta opción «muy seriamente». El presidente Trump ha calificado la migración irregular como una “invasión” y sostiene que millones de personas ingresan ilegalmente sin visa ni autorización legal.

Desde su regreso al poder en enero, ha impulsado deportaciones aceleradas, que han sido bloqueadas parcialmente por tribunales federales en distintos estados del país. Los jueces han señalado que los migrantes tienen derecho a un debido proceso y a impugnar legalmente su expulsión ante las cortes competentes.

Caminos alternos

Frustrado por los fallos judiciales, el gobierno busca caminos alternos para esquivar lo que considera una interferencia en su política migratoria. Suspender el habeas corpus permitiría al Ejecutivo acelerar deportaciones sin revisión individual, aunque una decisión de ese tipo tendría profundas implicaciones constitucionales.

Históricamente, esta herramienta solo ha sido suspendida en circunstancias excepcionales, como durante la Guerra Civil y tras el ataque a Pearl Harbor. El uso de poderes extraordinarios por parte de Trump no es nuevo; en marzo invocó una ley de 1798 para encarcelar a presuntos pandilleros extranjeros.

Aquella decisión también generó controversia, y un juez federal de Texas dictaminó que el uso actual de dicha norma era “ilegal” y contrario al derecho. La Corte Suprema y varias cortes de apelaciones han frenado expulsiones realizadas bajo ese amparo legal, exigiendo garantías mínimas para los migrantes afectados.

Analistas advierten que cualquier intento por suspender el habeas corpus podría ser impugnado rápidamente, y acabar frente al máximo tribunal del país. Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que estas medidas buscan criminalizar la migración y socavan los fundamentos del sistema legal estadounidense.

A pesar del panorama judicial incierto, la administración Trump insiste en endurecer su política migratoria y enfrenta una creciente batalla en los tribunales federales.

También te puede interesar:

• Administración de Trump resta importancia a críticas del papa León XIV