En un movimiento que ha sacudido el tablero geopolítico global, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este lunes en su red social Truth Social una imagen oficial donde se le atribuye el cargo de «presidente en funciones de Venezuela», vigente a partir de enero de 2026. Este anuncio ocurre apenas nueve días después de que fuerzas especiales estadounidenses capturaran y extrajeran de territorio venezolano a Nicolás Maduro, quien ya se encuentra en Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Trump ha sido enfático al declarar que, tras la caída del régimen chavista, Venezuela está «bajo el control» de Estados Unidos. «Venezuela está funcionando realmente bien. Estamos trabajando muy bien con el liderazgo», afirmó el mandatario.

La estructura de mando y la transición

De acuerdo con las directrices de la Casa Blanca, la gestión de la transición venezolana no recaerá en figuras de la oposición tradicional, sino en dos de los colaboradores más cercanos de Trump:

1. Marco Rubio (Secretario de Estado): Encargado de la coordinación política y el contacto diplomático.
2. Pete Hegseth (Secretario de Guerra): Responsable de la seguridad y el control operativo en territorio venezolano.

Ambos funcionarios mantienen comunicación directa con Delcy Rodríguez, quien, tras la captura de Maduro, fue designada por la Corte Suprema venezolana como presidenta «encargada». Al ser cuestionado sobre una posible reunión con Rodríguez, Trump respondió: «En algún punto lo haré».

Polémica por el estatus soberano

La retórica de Trump ha generado una oleada de reacciones internacionales y en redes sociales. El mandatario incluso reaccionó de manera favorable a los memes que colocan a Marco Rubio como presidente de la nación sudamericana, comentando: «Por mí está bien».

Aunque formalmente existe un gobierno encargado liderado por Rodríguez, las declaraciones de Trump sugieren un modelo de administración donde Estados Unidos ejercerá una tutela directa sobre las instituciones venezolanas en los próximos años. Esta situación plantea interrogantes sobre la soberanía de la nación y el marco legal internacional bajo el cual operará esta «transición» gestionada desde Washington.

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