La ciudad de Tucson, Arizona, ha exigido a la campaña del expresidente y candidato republicano Donald Trump un depósito de 145 mil dólares para su próximo mitin en esa ciudad fronteriza, programado para este jueves.

La alcaldía tomó esa decisión debido a una deuda pendiente de la campaña de Trump en 2016, informó a EFE la alcaldesa Regina Romero.

Según declaraciones de la alcaldesa Romero a EFE, Trump tiene todo el derecho de llevar a cabo sus mítines en Tucson, pero es responsabilidad de su campaña pagar por los recursos locales utilizados.

También es por un tema de seguridad

La seguridad del expresidente y del público que asiste a sus presentaciones es una de las principales preocupaciones de la ciudad.

El Centro de Música Linda Ronstadt, donde Trump tiene previsto presentarse mañana, tiene una capacidad para poco más de 2 mil personas.

Sin embargo, la ciudad decidió exigir un depósito por adelantado luego de que la campaña de Trump quedara debiendo 81,837 dólares para el pago de 180 policías que patrullaron y vigilaban durante más de seis horas una presentación del candidato en 2016.

Este cambio en las políticas de la ciudad se debe a los altercados que se produjeron entre seguidores y opositores de Trump durante su campaña presidencial en 2016.

Trump también le debe a Mesa y El Paso

No solo Tucson se ha visto afectado por la deuda de la campaña de Trump, sino que ciudades como Mesa (Arizona) y El Paso (Texas) también enfrentan grandes sumas pendientes de pago.

A pesar de los intentos de la ciudad por recuperar el dinero adeudado, la campaña de Trump no ha respondido a las cartas enviadas al respecto.

Por ello, Tucson ha decidido cambiar su política y ahora exige un depósito por adelantado a cualquier político, independientemente de su afiliación política.

En comparación, la campaña del senador demócrata Bernie Sanders también quedó debiendo una suma considerable en 2016, lo que demuestra que la deuda pendiente de los políticos no distingue entre partidos.

Con esta nueva medida, Tucson busca proteger sus recursos y garantizar que los políticos asuman la responsabilidad de pagar por los servicios locales que requieren para sus eventos.

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