En un encuentro internacional celebrado este martes en La Haya, Ucrania concretó la firma de un acuerdo para la creación de una Comisión Internacional de Reclamaciones, un organismo que permitirá canalizar indemnizaciones por los daños causados por la invasión rusa. La iniciativa cuenta con el respaldo de 35 países y el Consejo de Europa, y busca ofrecer una vía institucional para que víctimas individuales, empresas y autoridades locales ucranianas puedan acceder a compensaciones económicas.

La ceremonia fue encabezada por el presidente ucraniano Volodímir Zelensky, quien subrayó que documentar los daños y establecer mecanismos de reparación es fundamental para evitar la impunidad. En su mensaje, enfatizó que la justicia debe avanzar de manera paralela a los esfuerzos diplomáticos orientados a alcanzar una eventual paz, y llamó a garantizar que el nuevo órgano cuente con recursos suficientes para operar de inmediato.

Entre los asistentes se encontraban Dick Schoof, primer ministro de Países Bajos; Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Política Exterior; y Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa. Los líderes coincidieron en que el costo económico de la guerra no debe recaer únicamente en las víctimas. Kallas sostuvo que el objetivo es asegurar que Rusia asuma la responsabilidad financiera por la destrucción causada en territorio ucraniano.

El acuerdo establece un proceso en dos etapas. La primera corresponde al Registro de Daños, operativo desde 2023, que ya ha recibido más de 86 mil reclamaciones relacionadas con pérdidas humanas, materiales y de infraestructura, de acuerdo con datos citados por Reuters. La segunda fase consiste en la creación formal de la Comisión Internacional de Reclamaciones, encargada de evaluar los casos y dictaminar las compensaciones.

Uno de los principales retos será asegurar los fondos necesarios para efectuar los pagos. Las autoridades ucranianas y europeas insistieron en que la responsabilidad financiera recae en Rusia, aunque también se contempla el uso de activos rusos congelados en Europa, estimados en 210 mil millones de euros, como una posible fuente de financiamiento.

La Comisión tendrá su sede en La Haya y comenzará a operar una vez que al menos 25 Estados ratifiquen el tratado en sus respectivos parlamentos. Los promotores del acuerdo confían en alcanzar este umbral durante el próximo año. Como respaldo inicial, la Unión Europea anunció una aportación de 1 millón de euros para el presupuesto operativo del nuevo organismo.

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