Grupos defensores de la diversidad sexual en Perú se han manifestado enérgicamente en contra de un reciente decreto del gobierno que cataloga la transexualidad como un “trastorno mental”. Esta clasificación se basa en una categorización antigua de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La controvertida normativa ha provocado protestas y críticas, al considerarse que promueve la discriminación y la violencia contra la comunidad LGBT.

El pasado viernes, se realizó una protesta en Lima, organizada por colectivos LGBT, que exigían la derogación inmediata del decreto. “Este decreto nos retrocede más de tres décadas, a un tiempo cuando la homosexualidad fue eliminada de la lista de trastornos mentales de la OMS. No podemos aceptar vivir en un país que nos considere enfermos”, declaró Jorge Apolaya, portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima. La protesta coincidió con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

A pesar de las críticas y las protestas, un representante del Ministerio de Salud defendió la vigencia del decreto, argumentando que su derogación podría comprometer el acceso a servicios de salud mental para los afiliados al sistema de salud, especialmente en el sector privado. “El decreto permanecerá en vigor porque no podemos eliminar el derecho a la atención médica”, sostuvo Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.

La normativa, emitida por el Ministerio de Salud el 10 de mayo, ha generado una gran polémica, ya que utiliza la clasificación obsoleta de la OMS, conocida como CIE-10, que incluye la transexualidad dentro de los trastornos mentales. A pesar de las explicaciones del gobierno, los colectivos LGBT advierten que la norma podría provocar graves consecuencias en sus miembros, como la imposición de terapias de conversión, que agencias de la ONU consideran torturas.

Repercusiones en Perú: Preocupación de Human Rights Watch

La situación ha captado la atención de la organización Human Rights Watch (HRW), que ha expresado su preocupación por los efectos perjudiciales de “este decreto sesgado y poco fundamentado científicamente”. En un comunicado, HRW subrayó que patologizar oficialmente a las personas LGBT puede minar los esfuerzos para mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género.

A pesar de las críticas y la presión ejercida por los defensores de la diversidad sexual, el gobierno peruano ha mantenido su posición respecto al decreto, sin emitir comentarios sobre una posible modificación o derogación futura. Mientras tanto, la comunidad LGBT en Perú sigue luchando por el reconocimiento de sus derechos y la abolición de las normativas que perpetúan la discriminación y el estigma.

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