Caracas.- Venezuela declara tener el control total de todas sus prisiones, luego de una serie de despliegues policiales y militares que han llevado a cabo en los últimos meses. El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, afirmó en una entrevista con el canal estatal VTV que se ha logrado tomar control total del Internado Judicial de San Felipe, convirtiéndose en el séptimo penal intervenido desde septiembre.

«Hemos tomado control total de este centro, y con este control total aquí, en Yaracuy, tenemos 100 % de todas las cárceles del país bajo el régimen penitenciario», aseguró el ministro Ceballos.

Estas intervenciones armadas forman parte de la denominada Operación Guaicaipuro, que comenzó con la toma de un penal en el estado Aragua, donde operaba el Tren de Aragua, una banda criminal que tenía influencia en varios países de la región.

Según Ceballos, una vez que se ha logrado tomar el control de estas prisiones, se dará inicio a un proceso de reimpulso para establecer orden y disciplina en dichos centros de reclusión. «Estamos, en este momento, atendiendo todo lo que tiene que ver con el orden y la disciplina, con el orden y la ley, con el orden interno y la seguridad penitenciaria, avanzando bajo el estricto cumplimiento de los derechos humanos«, afirmó el ministro.

Las operaciones en prisiones de Venezuela preocupa a ONGs

Sin embargo, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha expresado su preocupación por la falta de transparencia en la información brindada sobre estos despliegues. En un comunicado emitido en su cuenta en X, el observatorio denunció que los familiares de los reclusos de La Cuarta, la última cárcel intervenida, no han recibido información oficial sobre posibles traslados de los reos.

Según reportes del OVP, se ha llevado a cabo el traslado de los presos a cárceles en el estado Miranda y en Guárico, pero los familiares no han sido informados de manera oficial sobre esta situación.

A pesar de las críticas, el gobierno insiste en que estos operativos han logrado desmantelar las estructuras criminales que operaban desde las principales cárceles del país. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como el OVP exigen mayor transparencia y piden que se garantice el respeto a los derechos de los reclusos.

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