Venezuela no restablecerá cooperación con agencia de la ONU tras informe de DDHH
03/07/2024 - Hace 3 días en InternacionalVenezuela no restablecerá cooperación con agencia de la ONU tras informe de DDHH
El gobierno de Venezuela aseguró que «será difícil” restablecer la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para DDHH de la ONU (ACNUDH), Volker Türk, cuyo informe sobre la situación en el país fue rechazado por las autoridades.
En el informe presentado por Türk, se aborda la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de este año. Se destacan aspectos relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, las restricciones al espacio cívico y el Estado de derecho, entre otros.
Venezuela no reconoce informe de la ACNUDH
Ante este escenario, Alexander Yánez Deleuze, representante permanente de Venezuela en la ONU, manifestó que el gobierno venezolano no reconoce el informe de la ACNUDH debido a que considera que su mandato está influenciado por una resolución que busca promover un cambio de régimen en Venezuela.
Según Yánez, el informe de la ACNUDH se trata de un «panfleto propagandístico cuidadosamente redactado para animar a la oposición fascista de Venezuela».
En abril, el gobierno venezolano se comprometió con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) a permitir el regreso de la oficina del ACNUDH al país. Sin embargo, en febrero de este año, el gobierno de Nicolás Maduro decidió suspender las actividades de esta oficina, acusándola de parcialidad y de favorecer a los detractores del gobierno.
La situación actual evidencia un nuevo capítulo en las relaciones entre Venezuela y la ACNUDH, en medio de un contexto de tensión y conflicto de intereses. A pesar de los esfuerzos por restablecer la cooperación, las posturas encontradas entre ambas partes hacen prever un escenario complicado en el futuro cercano.
Panorama electoral
Este miércoles, Türk aseguró que tanto las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio, como las elecciones regionales previstas para 2025 en Venezuela, representan una oportunidad «clave» para respetar la voluntad del pueblo. Instó a cumplir con los acuerdos referentes a garantías electorales firmados en Barbados.
Además, el ACNUDH expuso que su oficina continúa recibiendo informes de detenciones a medida que las elecciones se acercan. Afirman que esto “no se conjuga bien” y consideran que estas prácticas deben ser revertidas.
En un informe previo, el ACNUDH había expresado su preocupación por las inhabilitaciones políticas, que incluyen “la limitación de oportunidades para ejercer el derecho a la defensa”.
Restricciones a la libertad de expresión
El informe detalló la relación a la intimidación y el maltrato de familiares y prisioneros, incluyendo la detención de Rocío San Miguel y del periodista Carlos Julio Rojas, quienes, según reportó, fueron arrestados sin poder acceder a asistencia legal de su elección. Instó a que todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente en Venezuela sean liberadas.
El ACNUDH también documentó nuevas restricciones «injustificadas» a la libertad de expresión, que incluyen 10 nuevos casos de cierre de emisoras. Estos se adicionan a los 21 casos que ya habían sido registrados previamente.
Además, señaló que, sin previa notificación de suspensión, al menos 50 sitios web han sido bloqueados por diferentes proveedores de telecomunicaciones, tanto públicos como privados. El informe del ACNUDH reiteró que cualquier restricción a la libertad de expresión impuesta por el estado debe cumplir con las condiciones de legalidad, necesidad, proporcionalidad, y poseer un propósito legítimo.
Desafíos económicos y falta de servicios básicos
El ACNUDH también resaltó en el documento las dificultades en el acceso de servicios básicos como agua, electricidad y combustible, admitiendo que estas «continuaron empeorando» y las sanciones sectoriales han causado impacto.
Adicionalmente, el ACNUDH recalcó que la persistencia de «desafíos económicos», como la alta inflación y la devaluación del bolívar, la moneda venezolana, han seguido limitando el poder adquisitivo y afectando «desproporcionadamente» a grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad.
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