En medio de una creciente tensión con Estados Unidos, el Gobierno de Venezuela ha tomado una medida drástica y sin precedentes: la prohibición total de la compra, venta, fabricación y uso de drones en todo el territorio nacional.

La medida, que entró en vigor el 18 de agosto, se extenderá por 30 días con posibilidad de prórroga y fue comunicada a través del Ministerio de Transporte.

La resolución, publicada en la Gaceta Oficial, aplica para todo tipo de «aeronaves pilotadas a distancia (RPA, drones)», incluyendo las pilotadas y no pilotadas, así como los aeromodelos y sus componentes. La supervisión y el cumplimiento de esta directriz quedan en manos del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

Un contexto de alta tensión

La prohibición de drones llega en un momento de especial efervescencia en las relaciones entre Caracas y Washington. El anuncio se produce apenas un día después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenara el despliegue de 4.5 millones de milicianos, un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Este despliegue, según Maduro, forma parte de un «plan de paz» para proteger el territorio venezolano, y fue anunciado tras el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que lleve a su captura, ofrecida por Estados Unidos.

El Gobierno venezolano ha reaccionado con dureza ante la situación, calificando las acciones de EU como «amenazas» que revelan su «falta de credibilidad» y que ponen en riesgo la «paz y estabilidad» de toda la región. Estas declaraciones surgen luego de que Washington indicara estar preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país», y del despliegue de 4,000 agentes, principalmente infantes de marina, en aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir al narcotráfico.