En mayo, la Guardia Civil desmanteló una red de trata de personas logrando liberar a nueve mujeres sometidas a explotación sexual constante. Las víctimas, eran principalmente de América Latina y vivían en condiciones de hacinamiento, vigiladas por cámaras y obligadas a prostituirse sin descanso.

Tras un operativo, fueron detenidas siete personas, incluyendo un matrimonio y su hijo, líderes del entramado criminal en Castro Urdiales, Cantabria.

Según la Guardia Civil, en el centro del grupo se encontraba un matrimonio que explotaba sexualmente a las víctimas, mientras su hijo se encargaba del transporte entre los inmuebles y del cobro del dinero generado. Además, siete mujeres colaboradoras se turnaban en jornadas de 12 horas para vigilar a las víctimas dentro de los pisos.

Las mujeres rescatadas eran originarias de Colombia (cinco casos), Bolivia, Venezuela, Paraguay y España. Varios de estos casos involucraban a inmigrantes traídas a España mediante engaños, como una víctima que fue trasladada desde Grecia y movida por pisos en Bizkaia, Cantabria y Almería.

La red mantenía a las mujeres en un régimen de aislamiento y control, sin posibilidad de salir ni de comunicarse con el exterior. Esta dinámica facilitaba el sometimiento continuo y permitía que el grupo obtuviera beneficios económicos con total impunidad, hasta la intervención policial.

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