Un caso de presunto maltrato a un abuelito en un asilo de Cali, Colombia, dio una ola de indignación en redes sociales. Un video que circula en plataformas digitales mostró a tres mujeres, aparentemente cuidadoras del anciano, sometiéndolo a un trato violento mientras intentan trasladarlo de un lugar a otro. La grabación provocó llamados urgentes a las autoridades para que investiguen y sancionen a los responsables.

Un video que evidenció el maltrato a un abuelito en un asilo

El clip, grabado por un testigo, exhibió un episodio de aparente abuso, En la escena se mostró a un hombre mayor, residente del asilo, siendo arrastrado y despojado de su ropa de manera brusca. Según la persona que registró el incidente, fueron los gritos de la víctima los que alertaron a los vecinos.

El caso generó una ola de reacciones de rechazo y llamados de atención hacia el trato que reciben los adultos mayores en instituciones de cuidado. Numerosos ciudadanos exigieron la intervención inmediata de las autoridades para esclarecer lo sucedido y garantizar la seguridad de los residentes de este asilo.

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Exigencia de justicia y revisión de condiciones en asilos

La situación puso en el centro del debate el trato que reciben las personas de la tercera edad en centros de cuidado. Los internautas manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que existan más casos de maltrato en instituciones similares. Organizaciones defensoras de los derechos de los adultos mayores solicitaron que se realicen inspecciones a los hogares geriátricos para verificar las condiciones en las que viven los residentes y asegurarse de que se respeten sus derechos.

Consecuencias legales del maltrato a adultos mayores en Colombia

Según el código penal colombiano, el maltrato por descuido, negligencia o abandono a una persona mayor de 60 años es un delito que puede ser castigado con penas de 4 a 8 años de prisión, además de multas que oscilan entre 1 y 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes (alrededor de tres millones y medio de pesos).

Además, la ley establece que restringir la movilidad de un adulto mayor también constituye un delito. Las sanciones pueden ir de  16 a 36 meses de prisión. Mientras que las multas pueden llegar hasta 24 salarios mínimos (cerca de 17 millones de pesos).