Una mujer de nacionalidad ecuatoriana fue arrestada este martes 1 de julio en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid, acusada de haber asesinado y descuartizado a su hija de tan solo cinco días de nacida. El crimen, que provocó indignación y estupor en redes sociales y medios de comunicación, fue descubierto meses atrás, cuando los restos del cuerpo de una recién nacida fueron encontrados entre bolsas de basura en el vertedero de Loeches, en la Comunidad de Madrid.

El 12 de diciembre de 2024, trabajadores del vertedero de Loeches localizaron restos humanos envueltos entre los residuos. Tras un análisis forense, se determinó que los restos pertenecían a una bebé que había nacido con vida y que murió por asfixia o estrangulamiento. Posteriormente, su cuerpo fue seccionado y desechado como basura. El hallazgo fue descrito como un "milagro forense" por los investigadores, considerando que el vertedero recibe más de 2 mil toneladas de residuos diarios de al menos 30 municipios madrileños.

El hallazgo dio origen a la denominada Operación Natal, llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Tras más de seis meses de trabajo, análisis genéticos y reconstrucción de hechos, los agentes lograron identificar a la madre biológica de la menor: Erika, una mujer de 39 años, también residente en Puente de Vallecas.

Fue detenida en su vivienda, donde además se encontraron restos biológicos que confirmarían que la bebé nació y fue asesinada en el mismo lugar. El padre de la niña estuvo presente durante el cateo, pero no ha sido imputado hasta el momento.

Uno de los aspectos más alarmantes del caso es que Erika nunca registró el nacimiento de la bebé, ni acudió a un hospital para el parto. Nadie en su entorno sabía del embarazo. La Fiscalía considera este aislamiento como un elemento clave para la consumación del crimen y podría agravar la acusación con el cargo de alevosía.

El artículo 45 de la Ley del Registro Civil en España establece que todo nacimiento debe inscribirse en un plazo de 72 horas. La omisión de este procedimiento legal fue señalada en múltiples estudios como un factor de riesgo en casos de infanticidio o neonaticidio.

La resolución de este caso fue posible gracias a tecnologías avanzadas de rastreo biológico y análisis genético. Las muestras recogidas en el vertedero fueron comparadas con bases de datos y, tras un largo proceso de cotejo, se estableció una coincidencia genética con la mujer detenida.

Este minucioso proceso explica la demora en la detención, ya que la investigación se extendió desde diciembre de 2024 hasta junio de 2025.

La Fiscalía solicitó prisión provisional sin fianza para Erika, quien enfrenta posibles cargos de homicidio agravado con alevosía y ocultamiento de cadáver. De ser hallada culpable, podría enfrentarse a prisión permanente revisable, una de las penas más severas del Código Penal español, contemplada para crímenes especialmente graves, como el asesinato de menores de edad.

Durante la investigación, se descubrió que Erika había estado involucrada en un caso similar en 2004, cuando, con 17 años, dio a luz a otro bebé que murió pocos días después. En aquel entonces, la causa fue archivada sin autopsia ni imputaciones. Sin embargo, ante los hechos actuales, la Fiscalía General del Estado ha ordenado la reapertura de ese expediente, ante la posibilidad de un patrón de conducta criminal.

Mientras se espera el avance del juicio, la sociedad española exige justicia, no solo para la bebé cuya vida fue brutalmente arrebatada, sino también para prevenir que casos similares vuelvan a repetirse.

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